Ciudad de México.. El Poder Judicial de la Federación (PJF) brindó medidas de seguridad sólo a una quinta parte de los integrantes de juzgados y tribunales que se lo solicitaron el año pasado.
El primer informe de labores de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señala que se analizaron 242 asuntos en materia de seguridad respecto a servidores públicos que enfrentaron situaciones de riesgo con motivo del ejercicio de sus funciones.
De ese total, detalla, a 54 magistrados, jueces, secretarios, defensores de oficio y otros funcionarios judiciales se les resolvió asignarles alguna medida de seguridad.
Por protección de los propios beneficiarios, el Consejo de la Judicatura Federal no detalla qué medidas provee a sus empleados en riesgo, pero se ha reportado que éstas consisten en vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano.
Se ha tenido comunicación directa y permanente con juezas y jueces y magistradas y magistrados a fin de conocer sus necesidades en materia de seguridad y atenderlas con oportunidad, optimizando así los recursos materiales destinados a la protección de las personas servidoras públicas y su entorno laboral”, señala.
Algunos casos recientes de jueces federales asesinados son el de Vicente Antonio Bermúdez, baleado en octubre de 2016 cerca de su casa, en Metepec, Estado de México. También el de Uriel Villegas Ortiz, víctima de un ataque armado dentro de su domicilio, en la ciudad de Colima, el 17 de junio de 2020.
Atienden a 20% de empleados en riesgo
El año pasado, de 242 solicitudes para recibir protección, sólo se otorgó alguna medida en 54 casos, reportó la Suprema Corte
En un contexto de violencia en el país y ataques desde el poder contra jueces, magistrados y ministros, el Poder Judicial de la Federación (PJF) otorga medidas de seguridad sólo a una quinta parte de los integrantes de juzgados y tribunales que lo solicitan.
De acuerdo con el primer informe de labores de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante el año pasado se analizaron 242 asuntos en materia de seguridad respecto a servidores públicos que enfrentaron situaciones de riesgo con motivo del ejercicio de sus funciones.
De ese total, detalla, a 54 magistrados, jueces, secretarios, defensores de oficio y otros funcionarios judiciales se les resolvió asignarles alguna medida de seguridad, es decir, se brindó protección sólo a una quinta parte de quienes lo solicitaron.
Considerando que al cierre de 2022 el PJF contaba con 54 mil 388 empleados, la cantidad de solicitudes de protección representa 0.44% del total de servidores públicos del ámbito judicial.
Se ha tenido comunicación directa y permanente con juezas y jueces y magistradas y magistrados a fin de conocer sus necesidades en materia de seguridad y atenderlas con oportunidad, optimizando así los recursos materiales destinados a la protección de las personas servidoras públicas y su entorno laboral”, señala el informe.
De las 242 peticiones, 147 tenían como finalidad proveer medidas de apoyo y protección, mientras que en 95 asuntos se expusieron diversas causas generadoras de riesgo, aunque no se detallaron en el reporte.
En concreto, el Centro de Atención de Solicitudes en Materia de Seguridad (CASS) atendió de forma inmediata 105 peticiones de medidas de protección presentadas electrónicamente por servidores públicos, principalmente de los adscritos a los Centros de Justicia Penal Federal.
Si bien por cuestiones de seguridad de los propios beneficiarios, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no detalla qué medidas de protección provee a sus empleados en riesgo, a finales de 2018 dispuso de 70 camionetas blindadas para jueces y magistrados que así lo solicitaron, tras considerar que corrían algún tipo de peligro al desempeñar su labor.
En diciembre de 2016, el ministro Luis María Aguilar Morales, entonces presidente de la SCJN, detalló que había 79 juzgadores, jueces de Distrito y magistrados de Circuito con algún tipo de seguridad especial. “Cuentan con vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano”, indicó en referencia a que meses antes, en octubre de ese año, el juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías había sido asesinado cuando caminaba cerca de su domicilio, en Metepec, Estado de México.
Otro caso de un juez federal asesinado es el de Uriel Villegas Ortiz, quien el 17 de junio de 2020 fue baleado junto a su esposa en el interior de su vivienda, en la ciudad de Colima.
El otorgamiento de medidas adicionales de seguridad no es el único mecanismo del PJF para proteger a su personal ante amenazas.
Las coordinaciones de juzgadoras y juzgadores, y en algunos casos cada titular, decretaron la suspensión de labores cuando fue necesario resguardar la vida e integridad de las personas servidoras públicas y en particular de las y los justiciables que acuden a nuestras instalaciones, así como de plazos y términos para no afectar ningún derecho”, detalla el informe de Piña Hernández.
