Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló el desvío de recursos públicos en la Secretaría de Salud, Obras Públicas, Secretaría de Educación y en la Secretaría de Bienestar Social, lo que obliga a la Contraloria a interponer una denuncia ante los elementos probatorios que se tiene, confirmó Norma Pedraza Melo.
El informe de resultado de la Auditoría Superior de la Federación -ASF- revela simulaciones de pagos a personal que ya había fallecido y encontraron la contratación de una empresa que no contaba con el expertis para proveer medicamentos especializados en el área de atención.
La Contralora Gubernamental, informó que se detectaron compras de medicamentos durante la pasada administración, por lo que el actual Gobierno del Estado dará seguimiento preciso en cada uno de los casos.
“La Contraloría Gubernamental promoverá responsabilidad administrativa sancionatoria contra los ex funcionarios señalados por la Auditoría Superior de la Federación por simular pagos a personal fallecido y la contratación de una empresa que no contaba con el expertis para proveer medicamentos especializados”, refirió la funcionaria estatal.
Reveló que en la tercera entrega que realizó la ASF a la Cuenta Pública del 2022, se presentaron varias inconsistencias, algunas de ellas graves.
“Ha quedado una falta grave documentada en el área de Salud, y en otros programas también hay pliegos de observaciones que, luego viene un momento en que los ejecutores del gasto, podrán presentar información y documentación que puedan solventar esas observaciones”.
En el caso de Salud, se considera una falta grave, toda vez que se contrató a una empresa que no cumplía con el perfil para proveer los medicamentos, por lo que se procederá a una sanción.
“Se presume, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, que no tenía la capacidad técnica, el expertís para proveer medicamentos especializados en el área de atención, esa queda como falta grave”.
De acuerdo al informe de la ASF, durante el 2022, se firmó un contrato por 60 millones de pesos con una empresa para proveer medicamentos oncológicos para unidades hospitalarias en Tamaulipas.
No obstante, se descubrió que el domicilio fiscal manifestado ante el SAT y en el mismo contrato, correspondían a un domicilio particular, lo que hacía presumir que dicho proveedor no contaba con la capacidad técnica, activos ni personal e infraestructura para entregar los bienes objetos del contrato.
Mientras que en el caso de los pagos a personal docente que había fallecido, Pedraza Melo, dijo que el pliego de observaciones pasó a las áreas de investigación para que dé continuidad, jurídicamente a lo que procede en el caso de la SET.
