Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer sanciones por más de 22 millones de pesos derivadas de irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de los periodos de obtención del apoyo de la ciudadanía a las personas aspirantes a candidaturas independientes y de precampaña presentados por los partidos políticos a diversos cargos.
Lo anterior, en el marco del Proceso Electoral Local y Concurrente 2023-2024 en los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
Los partidos políticos y aspirantes presentaron un total de mil 783 informes de ingresos y gastos, de los cuales mil 684 correspondieron a precampañas y 99 a la etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía.
Después de la revisión, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) detectó 23 conductas sancionables de los partidos políticos entre las que destacan los eventos no reportados, los eventos informados posterior a su realización o el mismo día, la presentación extemporánea de los informes, la obstaculización, así como actos de violencia en contra de funcionarios de la UTF.
Respecto a las y los aspirantes a candidaturas independientes, las conductas más recurrentes fueron el reporte extemporáneo de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en el periodo normal y en el de corrección, así como los eventos registrados en la agenda de manera extemporánea posterior a su celebración.
Por estas conductas, se propusieron sanciones a los partidos políticos por un monto global de 21 millones 857 mil 504 pesos y para las y los aspirantes, una sanción total de 342 mil 26 pesos, así como 14 amonestaciones públicas.
En sus intervenciones, consejerías coincidieron en el reconocimiento del arduo trabajo de la UTF para concretar la fiscalización de los Procesos Electorales Locales. Asimismo, condenaron las amenazas, la obstaculización y los actos de violencia contra los funcionarios en campo.
