Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde el mes de Febrero del 2024, la Fiscalía General de la República -FGR- comenzó a investigar a la empresa Tres10 S.A. de C.V.. al detectarse incumplimientos a los contratos y recibir pagos de más de 58 millones de pesos mensuales.
Cometieron daño al erario público. La ASF lleva junto con la Contraloría Gubernamental una investigación sobre los recursos económicos que se asignaron y el incumplimiento del compromiso.
La FGR, revisó pruebas documentales, técnicas, testimoniales y hasta físicas, en lo que engloba el contrato que se acordó desde 2018, en la administración del PAN, para obtener ganancias superiores a los 4 mil millones de pesos en un periodo de seis años. Su obra máxima seria el C5 de Reynosa que terminó desmantelado.
La empresa, tendría el objetivo de dar “Servicio de Red de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas”, consistente en la prestación de servicios de disponibilidad del equipamiento del monitoreo y enlace estatal de video vigilancia urbana, identificación vehicular carretera y demás infraestructura relacionada, así como el diseño, construcción, adecuación y equipamiento de los C:MR’s y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura respectiva.
De acuerdo al contrato, el gobierno de Tamaulipas pagaría a esta empresa, poco más de 58 millones de pesos mensuales, algo que impactó en las finanzas en el gobierno de Américo Villarreal Anaya, cuando conoció el desembolso que se haría, porque para entonces, ya estaba comprometida una buena parte de las participaciones federales y en ese momento, el gobierno de Morena tenía en sus finanzas 2 millones de pesos que le heredó Francisco García Cabeza de Vaca.
Ese desembolso impactó al gobierno de Américo, entre 2022 y 2023, se pidió a la federación su intervención financiera para cerrar el mes de diciembre con salarios y aguinaldos e iniciar el año 2023 con recursos para enfrentar la crisis que se enfrentaba.
La ‘cascada’ de auditorías, fue paralelo a la organización administrativa y reformas para regresar a los Contralores y Comisarios en Secretarías y dependencias oficiales, además de órganos autónomos, para ir revisando cada peso que se utilizó en los últimos años.
Para esta tarea, Contraloría Gubernamental a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, envió un ejército de auditores y fiscalistas pero además, se crearon nuevas figuras como áreas especializadas en el combate a la corrupción.
Uno de los objetivos fue precisamente la empresa “Tres 10, S.A. de C.V.” por el monto que se pagaba y por el desmantelamiento que se encontró en el C5 de Reynosa y en otras ciudades, la Contraloría detectó una serie de irregularidades y guardó un sigilo hasta no reunir los suficientes elementos para denunciar a ex funcionarios de la anterior administración ante la FGR.
Pero además, el 3 de agosto del 2023 y el 31 de agosto de ese mismo año, se presentaron las denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación al haberse comprometido dinero federal en un contrato en el que se detectaron serias irregularidades.
El contrato con la empresa “Tres 10, S.A. de C.V.” que hizo el Gobierno del PAN, entró en vigor una vez publicado el decreto el 21 de diciembre del 2018 y se firmó en el contrato en junio del 2019 con el objetivo
La empresa de videovigilancia es investigada: Contralora
Norma Angélica Pedraza Melo, señala que el haber finiquitado el contrato con la empresa “Tres 10, S.A. de C.V.” se debe a una serie de irregularidades detectados en las auditorías.
“Se concluye el servicio y el convenio con la organización, fundado en el tema de las inconsistencias, los incumplimientos que se determinaron en las dos fases de compromisos”.
Agrega que sí se participó en la revisión de ambas fases por parte de la Dirección de Auditoría Pública, acompañando al Contralor, a quien se le dio vista de diversas irregularidades y se encontraron los planes de compromisos con fallas.
“La Contraloría también se percató de otros irregularidades de presuntas faltas de conductas de los servidores públicos y al tener conocimiento, se empieza a trabajar las investigaciones administrativas”.
Pedraza Melo, aclara que la empresa es la proveedora de los servicios convenios en la Asociación Pública Privada que se dio y la investigación se da desde “cómo se empieza a convenir el proyecto y contrato que registra varias modificaciones y se observaron conductas que se presumen generan daño al erario público y por eso las autoridades al ir avanzando el IMPRA (Informe de Presuntas Irregularidades Administrativas) y por tratarse de recursos federales se dio vista a la Fiscalía General de la República”.
También se presentó la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación -ASF- y a nivel de la Contraloría se investiga para sancionar las conductas desde el ámbito administrativo para que vayan en paralelo.
La Contralora, confirmó que uno de los delitos que se presuntamente se generan es el daño al erario público e informó que el proceso se investigación continúa debido a que el servicio de videovigilancia no se cumplió en su totalidad.
El Contrato
La vigencia del contrato sería de 6 años y terminaría el 27 de diciembre del 2025 y se destaca que el contrato APP representó un importe neto de 4,058 millones 456 mil 110 pesos y la fuente de pago fueron las participaciones federales que corresponden al Estado.
Sin embargo, se expone que el “Desarrollador” prestó servicios a partir del de 27 de junio de 2019 al 10 de mayo del2023, destacando que el Contrato conservó su vigencia hasta el15 de diciembre del 2023 de tal suerte que al iniciar esta administración y después de una auditoría se decidió finiquitar los servicios con la empresa.
La empresa decidió interponer una serie de amparos y desde el 10 de mayo del 2023, dejó de contar con la prestación del servicio objeto del contrato de APP durante acumulado de 203 días consecutivos, en los que las obligaciones del contrato estuvieron suspendidas, ello en detrimento de la imperiosa necesidad de contar con la infraestructura tecnológica que permita al Estado la adecuada implementación de seguridad pública.
El gobierno tuvo que hacer una contratación “emergente” para cubrir el mantenimiento de la infraestructura tecnológica que requiere el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de Tamaulipas CS y Subcentros Regionales.
Junto con los procesos legales que se llevaban, la Secretaría General de Gobierno decidió terminar anticipadamente el Contrato de APP No. CAPP-TAM-SGG-1901 y que se notificó a la empresa el 15 de diciembre del 2023, se suscribió el Convenio para finiquitar los servicios con la empresa que recibió dos pagos, uno el 31 de diciembre del 2023 y el segundo el 2 de febrero del 2024.
