Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad que Luis Alberto Carballo, diputado electo por la alianza Morena, PT y PVEM en el Estado de México, perderá su cargo debido a su condición de deudor alimentario.
Aunque Carballo demostró haber pagado la deuda antes de que se aprobara su registro electoral, la permanencia en el padrón de deudores alimentarios fue determinante.
A Luis Alberto Carballo, le será revocada la constancia de mayoría como diputado federal electo por el Distrito 23.
El magistrado Felipe Mata argumentó la inelegibilidad de Carballo debido a que estaba inscrito en el padrón de deudores alimentarios al momento de su registro como candidato.
La Sala Regional de Toluca ya había determinado esta revocación, pero fue controvertida por Carballo y su partido, (PVEM), aunque la Sala Superior reafirmó que no cumplía con el requisito de elegibilidad.
Aunque Carballo demostró haber pagado la deuda antes de que se aprobara su registro electoral, la permanencia en el padrón de deudores alimentarios fue determinante para su descalificación final como diputado electo.
La resolución de la Sala Superior refirió que el candidato y el PVEM consideraron que el requisito de elegibilidad fue interpretada indebidamente por la Sala Regional de Toluca, y advirtió que Carballo no fue retirado del padrón.
“El INE analizó ese requisito y lo tuvo por cumplido al haber acreditado el pago, con independencia de que continuara en el padrón; y no se observó que el pago de la deuda de la pensión lo hizo dentro del periodo de solicitudes de registro y antes que el órgano electoral aprobara el registro de la candidatura”.
Esta resolución, respaldada por la legislación conocida como 3de3 contra la violencia, es histórica en la aplicación de normas que buscan garantizar la “integridad y la idoneidad” de los funcionarios públicos en México.
La ley 3de3 contra la violencia, aprobada por el Congreso en abril de 2023, establece que la falta de pago de pensiones alimenticias es motivo suficiente para negar el registro a aspirantes a cargos de elección popular.
