Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En dos de las ocho denuncias donde se involucra al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el entonces secretario General de Gobierno Gerardo Peña, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las tiene ‘congeladas’ y con ello, se libran de un proceso legal, aseguró Tania Contreras Lopez.
La Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, recordó que los ex funcionarios entregaron de forma irregular al menos 60 de 80 patentes y fiat de Notarios.
En las carpetas de investigación que no se han judicializado ante la resistencia de la Fiscalía Anticorrupción, hay declaraciones de que no se siguió el procedimiento de ley para asignar las patentes y fiat para Notarios Públicos.
Destacó que se han realizado diversas diligencias pero no van encaminadas a nada” señaló, tras lamentar que a casi dos años de los hechos no haya sido judicializada una sola carpeta por esos hechos, a pesar de las evidencias contundentes de que se violentó la ley.
“Hubo una entrega irregular de las patentes y fiat, lo cual agravia a la sociedad. Eso lastima a la ciudadanía”, refirió.
Tania Contreras, consideró que la Fiscalía debe actuar ante las pruebas presentadas, independientemente de que los principales involucrados son ex funcionarios de la administración anterior.
Señaló que de los 80 beneficiados con patentes y fiat, al menos 60 renunciaron voluntariamente al beneficio por considerar que no se siguió el procedimiento legal para su asignación.
La mayoría de los 20 restantes fueron revocados por la dirección de Notarías y hay algunos casos en litigio.
Informó que la instancia responsable de poder sustanciar la investigación en las carpetas de investigación es la Fiscalia Anticorrupción y es quien reúne este tipo de denuncias.
“Lo hemos dicho en semanas pasadas, los que han podido o en las que hemos presionado para que puedan solicitarse la judicialización, pues hemos tenido también señalamientos de jueces y magistrados del Poder Judicial de qué hay una indebida integración”.
“Si existe dolo o negligencia, en cualquiera de las dos conductas, pues es en agravio de la sociedad tamaulipeca, porque finalmente cumplimos por órdenes del Gobernador con la tarea de cero impunidad y revisar a detalle en qué condiciones encontramos la administración pública, ahí están los resultados de la labor que se hizo al interior de las secretarías y esto debe tener una consecuencia, no basta con que se ponga a disposición de la autoridad, sino que estamos impulsando a través de la Consejería y los departamentos jurídicos de cada una de las dependencias de que se logre llevar a los responsables a la justicia y que rindan cuentas por sus actos”.
La Consejera Jurídica en el gobierno del Estado, dijo que el ejecutivo será respetuoso de la vida interna del Congreso del Estado, lo anterior, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que pueda ser removido el actual fiscal Raúl Ramírez.
Sin embargo, señaló que ante los acontecimientos que se han registrado, confió en que los legisladores puedan adecuar el marco normativo para que se puedan dar los cambios que se requieren.
Cabe señalar que el proceso penal como tal, se encuentra regulado a nivel nacional por un código nacional de procedimientos penales, sin embargo, las conductas de los servidores públicos, omisas o negligentes, son regulables a través de la entidad federativa, es decir, esa conducta pudiera ser revisada por los legisladores de la próxima diputación.
“Van casi dos años y los resultados los podrán ver en el informe. Tenemos tres carpetas de investigación judicializadas y con el número de denuncias que se han presentado -64- no corresponde a la realidad de justicia que merecen los Tamaulipecos.
