“Día D” es un término usado genéricamente por los militares aliados en la Segunda Guerra Mundial, para indicar el día en el que se efectuó un ataque clave “el desembarque en Normandía”, en una operación de combate que definiría el final de dicha guerra.
Ahora México atraviesa un momento histórico, su propio Día D, un proceso clave que después de ver la evolución de un gobierno distinto, una administración de claroscuros, busca sellar el punto clave de su transformación a través de cambiar al Poder Judicial Federal como hasta hoy se le conoce y desaparecer de un plumazo a 7 organismos autónomos, claves para nuestra democracia, a saber:
“Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el viernes pasado el dictamen que propone desaparecer siete órganos autónomos: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); los institutos Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y las comisiones Reguladora de Energía (CRE), Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Ahora, esta tarde de lunes 26 de agosto, con 22 votos a favor y 17 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial que, entre otros aspectos, prevé la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular.
Legisladores de todos los grupos parlamentarios presentaron reservas a diversos artículos para su discusión en lo particular durante las próximas horas. La reforma considera reducir de 11 a nueve el número de ministros de la Corte y de 15 a 12 años la duración en el cargo, además de recortar sus remuneraciones para evitar que obtengan una percepción superior a la del presidente.
El proyecto a discusión establece la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal para ser sustituido por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de supervisar la actuación de los jueces y, en su caso, imponerles sanciones.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA ECONOMÍA MÉXICANA?
Al margen del tecnicismo legal y jurídico que se ha debatido en los últimos meses, mi labor como Economista es citar e interpretar el impacto que estas medidas de desaparecer 7 organismos autónomos y cambiar la estructura del Poder Judicial, por lo que resumo aquí algunas consecuencias de corto y mediano plazo:
El costo económico de sobrerrepresentación, el cambio al Poder Judicial y la extinción de los organismos autónomos empezaría por la inversión y terminaría en el menor desarrollo y bienestar de la población, por menores oportunidades de empleo e ingresos.
Según cálculos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la disminución de un punto porcentual en la inversión privada podría incidir negativamente en 0.3 décimas de punto porcentual en el ritmo de crecimiento del PIB.
El CEESP estimó que el menor avance del PIB en un punto porcentual implicaría dejar de crear 200 mil nuevos puestos de trabajo y la repercusión alcanzaría a las arcas públicas, ya que los ingresos tributarios se reducirían en aproximadamente 53 mil millones de pesos.
Los mercados financieros también reaccionarían a la percepción de mayor riesgo para el país con el consecuente aumento del costo financiero; un aumento de 100 puntos base en la tasa de interés significaría un aumento del costo financiero del sector público en aproximadamente 30 mil millones de pesos.
Además, la medida podría entrar en conflicto con compromisos internacionales como el T-MEC. Podría implicar un incumplimiento al Tratado de Libre Comercio, porque se necesita garantizar la existencia de autoridades imparciales de competencia y de telecomunicaciones de entrada.
Al momento que no existan los contrapesos de autonomía de los órganos que son reguladores, como es el caso de la Cofece, implicaría una afectación a la competencia, a los precios y a la variedad y calidad de los bienes.
Por su parte, la Coparmex externó su “profunda preocupación” por el paso que se dio en el proceso de desaparición de los órganos autónomos, lo que debilitaría la democracia, la competencia económica y la protección de los derechos ciudadanos, por lo que reiteró su llamado a los legisladores para que reflexionen sobre las “graves” consecuencias que traería su extinción.
Fuente: Extractos publicados en El Financiero, Leticia Hernández y Felipe Gazcón. 26 de agosto 2024.
