Ciudad de México.- En México, se estima que al menos 21% de los jueces y 52% de los actuarios del Poder Judicial han sufrido ataques a su integridad, que van desde amenazas de lesiones o de asesinato hasta amagos contra sus familiares, extorsiones o persecuciones intimidatorias.
El estudio Cuando impartir justicia es peligroso. Los ataques a la integridad del personal judicial en México, elaborado por la organización México Evalúa y el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (Ifed), revela que a nivel nacional hay carencia de registros de agresiones al personal judicial. Sólo los poderes judiciales del Edomex y de la Federación tienen; sin embargo, no dan cuenta de la totalidad de los ataques o amenazas, sino sólo de aquellos en los que el personal judicial solicitó y/o se otorgó alguna medida de protección.
En el caso de las fiscalías, algunas carecen de datos desagregados por cargo de la persona víctima u ofendida, por lo que no siempre es posible saber qué casos correspondieron a personal actuario o juzgador. En cuanto a las secretarías de Seguridad, no todas cuentan con un registro de las solicitudes de medidas de apoyo al Poder Judicial y a sus personas funcionarias. Por su parte, los sindicatos de personal judicial y las asociaciones de personas juzgadoras tampoco cuentan con registros”, indicó.
Dada la carencia de información, no es posible saber con exactitud cuántos homicidios han ocurrido contra este gremio, pero una revisión hemerográfica arrojó seis muertes de actuarios y 15 de juzgadores entre 2012 y 2023 a nivel estatal, además de dos jueces a nivel federal, resaltó durante la presentación Raúl Mejía Garza, director general del Ifed.
De los 21 asesinatos a nivel local, seis se registraron antes de este sexenio y el resto a partir de 2018, indicó Susana Camacho, co-coordinadora del Programa de justicia de México Evalúa.
Los agresores suelen ser las partes involucradas en un juicio, la persona imputada o alguien cercano a ella, además de grupos de la delincuencia organizada y el propio Estado, ya sean fiscalías o titulares del Poder Ejecutivo, federal o local.
Del 1 de enero de 2023 al 17 de enero de 2024 se identificaron 167 señalamientos en contra de personal judicial, de los cuales 98% consistieron en declaraciones pública y de este total 88% fueron declaraciones públicas emitidas directamente por el Presidente.
DIFERENCIA
Otro de los hallazgos del estudio, al cual los participantes señalaron como una semilla en las estadísticas sobre el tema, es que lejos de lo que podría pensarse, la materia penal no es la que representa mayor riesgo para el personal judicial, pues en el caso de las personas juzgadoras lo es la mixta, mientras que el personal actuario enfrenta mayor riesgo en diversas materias.
Sólo 39% de los juzgadores y 29% de los actuarios reportó ante el poder judicial haber sido víctima de un acto en contra de su integridad. De ellos, 24% y 10%, respectivamente, dijo haber recibido alguna medida de protección luego del reporte. Además, sólo 4% de los casos compartidos por juzgadores y 3% por los actuarios fueron denunciados ante las fiscalías.
Al respecto, el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, y Mariana Campos, directora de la organización civil, alertaron que la reforma judicial que se discutirá en la Cámara de Diputados no aborda mecanismos de protección contra el personal judicial ni atiende las debilidades del sistema que facilitan las agresiones.
Tenemos que dejar muy claro que cuando los jueces actúan con miedo, cuando no pueden desempeñar el papel que deben, leales al Estado de derecho, a las leyes o a los hechos que están revisando, el contrato social se desmorona. Todos estamos en peligro en ese momento porque los jueces son los que resguardan nuestros derechos y si el guardián de nuestros derechos tiene miedo y no puede actuar, estamos desprotegidos”, advirtió Campos.
Recordó que previo que la reforma judicial se pusiera en la mesa, los jueces ya vivían una situación de vulnerabilidad, con ataques a su independencia, por lo que el nuevo sistema va a radicalizar y empeorar este panorama porque para que un juez pueda ser independiente necesita garantías, como la de que Estado provea las condiciones de su operación y así no sea sujeto de presiones externas.
Todo el entorno de los operadores del Estado de derecho está viviendo presiones, si tú pones en la mesa una elección directa de jueces estás abriendo aún más la puerta para las presiones externas”, alertó.
Para Cossío, los políticos no se han dado cuenta de que los jueces van a acabar siendo de los delincuentes, de los capitales, de todos esos agentes que juegan en contra del estado.
Van a exponer a los jueces a una condición de enorme peligro, que van a terminar respondiendo no a un electorado maravilloso del pueblo bueno, sino a quien financió sus campañas; cuando esos jueces no se avengan a los intereses de quien los financió, entraremos en un ciclo de violencia contra los jueces que hoy no hemos visto”, sostuvo.
México Evalúa también presentó el informe Violencia en contra de las personas abogadas litigantes en México, el cual revela que 69% de los litigantes dijo haber sufrido en algún momento uno o varios ataques relacionados con su profesión.
