Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Diputación Permanente ordenó a los integrantes de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, atender la solicitud de la Fiscalía General de Justicia, con residencia en Nuevo Laredo, para dar paso a la solicitud de proceder penalmente “en contra de un servidor público, por su probable participación en la comisión de un delito”.
Si bien desde ahora se cuida el debido el proceso, la Fiscalía en Nuevo Laredo a cargo de Jorge Armando Vázquez Lozano, está recurriendo al artículo 152 para lograr el desafuero de un alto funcionario público .
El acuerdo se conoció este domingo durante la sesión de la Diputación Permanente donde su Presidente Humberto Prieto Herrera, solicitó comunicar la solicitud para que se reúnan esta próxima semana y den inicio al análisis de esta acción.
Aunado a ello, se instruyó al Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que el juez de Control de Nuevo Laredo, suspenda todo procedimiento, hasta proceder en pleno a la resolución que tenga a buen emitir la Comisión Instructora.
Actualmente hay una serie de denuncias tanto en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en la Fiscalía Especializada en la Investigación de delitos contra, niñas, niños y adolescentes y Delitos contra las mujeres por razón de género –FENAM-, en la Fiscalía General de la República, Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción.
En estas instancias se encuentran denuncias formuladas en contra de Legisladores Locales, Alcaldes, Magistrados, Fiscal Anticorrupción, y servidores públicos de primer nivel. Entre ellos se encuentran los diputados locales Carlos Fernández Altamirano, Félix Fernando García Aguiar, Leticia Sánchez Guillermo, Ángel Covarrubias, Luis Rene Cantú, Gerardo Peña, Vicente Verástegui, particularmente por los hechos al asalto de las oficinas del Congreso el 10 de julio del 2023; a esta lista se suman Magistrados como Edgar Danés; el Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez además ex Secretarios y ex funcionarios.
De acuerdo al artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, las declaraciones del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia son inatacables. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su cargo en tanto este sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función.
En el texto vigente de dicho artículo se cita: “Para
proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado, los Consejeros de la Judicatura, los Jueces, los Secretarios del Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia, los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, Delitos Electorales y Asuntos Internos, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y los titulares de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos terceras partes del total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el imputado”.
Más abajo, se precisa que si la resolución del Congreso fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
“Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo de la Ley”.
Se agrega: “Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia”.
No se pasa por alto en el artículo 152 que las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.
