Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El ex Secretario de Administración Jesus Alberto Salazar Anzaldúa, fue vinculado proceso y el juez de control fijo al menos cuatro fracciones del artículo 155 del Código de Procedimientos Penales pero evitó aplicar la vigilancia o internamiento como medida cautelar.
La vinculación de Salazar es por el delito de Uso ilícito de Atribuciones y Facultades, toda vez que en diciembre de 2020 realizó adquisiciones por un monto de $125’000’000.00; esta acción se emitió este lunes.
De acuerdo a la información que emitió la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, “el juez impuso como medidas cautelares las contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Fracciones I, V, VII y VIII y fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación”.
Cabe señalar que la fracción I menciona que el imputado está obligado a “La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; la fracción V, dictada también, señala que “La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez”.
La fracción VII igual se aplicó y señala “La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares” así como “La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa”.
Sin embargo consideró que no había elementos para aplicar la fracción sexta, la cual permite la vigilancia o internamiento como medida cautelar.
Al final se destaca que “con estas acciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reafirma su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la sociedad Tamaulipeca e invita a todas las personas que hayan sido víctimas o testigos de posibles hechos de corrupción, a que los mismos sean denunciados ante la misma”.
Sin embargo el ex Secretario de Administración en la administración anterior, fue vinculado el 9 de julio de este año junto con la ex Contralora de Gobierno de ese mismo gobierno bajo el expediente 86/2024.
El Agente del Ministerio Público les atribuyó a dichos imputados que el pasado 15 de junio de 2022, cuando se desempeñaban en los cargos ya mencionados, ilícitamente adjudicaron de manera directa 14 contratos a 2 personas morales y una física, por un monto total de $8´233,500.00 para lo cual fraccionaron el importe total de los servicios señalados en los referidos contratos.
Lo anterior se encuentra prohibido por el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.
En esa ocasión, el Juez determinó, que los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fueron aptos y suficientes para sujetar a los imputados a un proceso penal y señaló un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria.
