Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las denuncias que el Estado presentó contra actos de corrupción, fueron hechos que presuntamente se registraron en la administración pasada y no se trata de hacer una persecución política contra ex funcionarios, hay una inercia que se dio y donde hubo un hecho que el actual gobierno, estaba obligado a denunciar.
Jesús Eduardo Govea Orozco, expuso lo anterior a su llegada al Congreso del Estado, para formar parte del proceso de entrevistas como aspirante al cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
Como ex funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, rechazó que en los actos legales que promueve esta unidad o el propio estado, no es una persecución política.
“No es especulación o una denotación hacia nadie, hablo en términos estrictamente legales, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina cuáles son los elementos que necesita el MP para ejercitar la acción penal”.
Ahora, como aspirante a la Fiscalía Anticorrupción, señaló que estará en manos de los Diputados van a valorar y emitir su voto correspondiente para designar al próximo titular de esta área prioritaria.
“En el acuerdo complementario que regula ese aspecto, es de suma importancia porque de ahí se va a determinar la posibilidad de las personas que deban someterse a la evaluación de control y confianza.
“En lo personal la idea es exponer a la legislatura algo que de antemano es ya un hecho público y notorio, es decir, la inactividad que ha existido en este órgano constitucional algo que es de antemano grave porque finalmente hay que considerar que muchos de estos asuntos de los que se encuentran en ese estatus que ya conocemos, injustificadamente no han avanzado, esa es la realidad”.
Subrayó que lo dicho, no es especulación o una denotación hacia nadie, “hablo en términos estrictamente legales”.
Dijo entonces que el grueso de los casos, “nosotros estamos ciertos que se tienen esos elementos, por lo tanto la dilación que han tenido estos casos, estimo que es injustificada y eventualmente así lo vamos poder acreditar”.
Expuso que en la mayoría de los 900 asuntos en trámite que tiene la Fiscalía Anticorrupción, de los años 2022, 2023 y 2024,” habla por sí solos”.
“Esto hay que dejarlo muy claro, no es tanto una inercia o una cuestión de persecución política, es el efecto de lo que ocurrió durante la administración pasada, por lo tanto, la administración estatal tiene la obligación de denunciar los hechos de los que se tenga conocimiento o conforme a los hallazgos que se hicieron desde el inicio de la administración, en el caso de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, es un punto neurálgico para que estos asuntos avancen”.
