El primero de octubre de este año se llevó a cabo el histórico inicio de la nueva y actual administración federal, encabezada por la primera mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con independencia de las diferentes reformas constitucionales y legales que han sido motivo de un permanente e intenso debate público y mediático, las cuales han llegado de la mano del nuevo gobierno federal; además, de manera natural,trae consigo otros efectos que, sin duda alguna, ya inciden e incidirán, cada vez más, en todos los órdenes de gobierno establecidos a lo largo y ancho de nuestro país.
La hegemonía oficial conformada por legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde,tanto desde el Senado como en la Cámara de Diputados, se ha encargado de marcar la pauta y el destino de cada una de las reformas y decisiones que ya constituyen la identidad misma de la presidenta de la República.
Esa redefinición jurídica del esquema impulsado a ultranza por el actual gobierno federal, nos expresa y deletrea de manera muy evidente y constante que estamos participando de una histórica “reconfiguración política”.
La dinámica impuesta por la reconfiguración política nacional ya dicta los nuevos códigos, bajo los cuales se deben conducir las relaciones de los grupos más cercanos a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, pero, sin duda, que también se está encargando de dictar los códigos a quienes no gozan de tal cercanía.
El desafío para la sociedad y, particularmente, para la clase política de todo nuestro país es tener la capacidad de decodificar cada uno de los rostros y rasgos e, incluso, por qué no anticiparse a decir que también los símbolos, representativos del nuevo esquema de la transformación y del llamado “segundo piso”.
Parte del efecto mismo de la nueva dimensión política, nos deja en claro que algunos amigos pasaron o pasarán a ser adversarios, entiéndase defender intereses contrarios, tal y como ha sucedido con el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces ministro Arturo Fernando Saldívar Lelo de Larrea y sus otrora compañeros ministros liderados por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Precisamente los códigos del nuevo momento político nacional y, los aciertos y/o errores en su entendimiento y respeto, se están encargando, y continuarán encargándose, de descubrir, redescubrir, fortalecer e impulsar a los personajes y rostros que protagonizarán la fuerza y narrativa misma del ya histórico segundo piso.
En efecto, el nuevo esquema nacional y la historia nos recordarán las dimensiones mismas que ofrece y distingue el ejercicio de la actividad política, pues mostrará, aún más, ex servidores públicos deafinidad política diversa a la oficial, con las renuncias a esa afiliación en mano; también, nos señalarán, quizá hasta de forma cruel, que hay colores que no definen ni la capacidad, ni la vocación de servir, ni el presente y menos el futuro.
Es decir, muchos de los rostros y protagonistas que, hasta ahora, han distinguido a los gobiernos estatales y/o municipales no serán validados por las inercias y condicionantes definidas por el nuevo esquema nacional, de ahí que inevitable y naturalmente se avecinan cambios y remociones para ajustarse a dicha demanda.
Dicho de manera más coloquial, se apagarán algunos reflectores y micrófonos y se encenderán los de otro domicilio; algunas oficinas cambiarán de titular y sus equipos, pues el efecto de la reconfiguración trae nuevos nombres, por tanto,nuevos inquilinos, cuya participación será parte del dictado social que corresponde reconocer.
En fin, la inercia de la transformación nacional traerá sinergias que sacudirán las entrañas de cada estado y cada municipio de nuestro país, de manera tal, que muchos de los despreciados en su momento pasarán a ser consentidos de la escena política; los lejanos pasarán a ser cercanos; así como muchos de los excluidos habrán de ser incluidos.
En conclusión, estamos participando de una reconfiguración política nacional de proporciones indescriptibles que está decidida, y sabrá, dictar el guión y el epítome en estados y municipios, con independencia de la corriente política a que pertenezcan, a fin de lograr los objetivos trazados cuyos efectos serán reportados y sumados en favor de la identidad de la actual presidenta de la República.
