Ciudad de México. Empresarios de Sinaloa presentaron a senadores un plan para retomar las actividades comerciales en la entidad, ante la oleada de violencia que registra desde hace meses y cuyo impacto económico alcanza los 18 mil millones de pesos.
La estrategia incluye, entre otras medidas, crear un fondo con 250 millones de pesos para otorgar un apoyo a quienes se hayan quedado sin empleo; cinco mil millones de pesos para ofrecer jornales de salario mínimo para labores de mantenimiento de infraestructura pública y 15 millones a un programa de salud mental para atender los impactos sicológicos de la inseguridad entre la población.
También, créditos a mipymes afectadas por la violencia, con una tasa de interés preferencial, así como mil 500 millones para fortalecer la seguridad pública.
Antes, Martha Reyes, presidenta de la Coparmex Sinaloa, detalló que la afectación económica es de diez mil millones de pesos sólo de septiembre a la fecha, con diez mil empleos perdidos.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, afirmó que la IP no pide regalos, sino que el gobierno garantice que haya condiciones para que los sinaloenses solventen su economía y tengan paz mental “a pesar de la inseguridad”.
URGEN A DAR IMPULSO ECONÓMICO A SINALOA
Un grupo de empresarios de Sinaloa acudió al Senado para solicitar un plan de emergencia, por los actos de violencia que se registran en el estado desde hace semanas han generado un impacto económico de 18 mil millones de pesos, informó Cristina Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa.
En reuniones con senadores de Sinaloa, los empresarios plantearon la urgencia de un apoyo para que puedan retomar sus actividades, amén de su exigencia de que se combata la inseguridad que se vive en la entidad.
Encabezados por la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sinaloa, Martha Reyes, el grupo presentó un plan emergente de recuperación económica que ayude a reactivar la economía del estado, apoyar a las familias afectadas y garantizar la seguridad en la región.
En entrevista, Reyes aseguró que “pedimos la intervención inmediata para fomentar la economía. Sabemos que ha sido rebasada la seguridad; sin embargo, lo único que nos queda es asegurar que los colaboradores tengan sus empleos, que puedan llevar su ingreso a casa, que tengan esa estabilidad.
Algo que no hemos hablado es la estabilidad emocional, esa psicosis de los padres que nos vamos y llevamos a nuestros hijos a la escuela por órdenes del gobernador, tenemos la incertidumbre de que puedan ser baleados esos espacios. No han sido atacadas directamente las escuelas, pero alrededor sí.
El colaborador no produce igual, agréguenle que no estamos trabajando 100% en nuestros horarios, pero los impuestos sí los estamos pagando a 100 por ciento”.
Ibarra dijo que “el impacto económico que estimamos a nivel macro ronda los 18 mil millones de pesos, que equivale a 3.5% del PIB estatal. Esperamos que con las acciones de gobierno esto pueda incluso reducirse o mantenerse; sin embargo, si esto continúa así vamos a llegar a diciembre, con pérdidas, porque ya los empresarios están teniendo problemas para pagar nóminas y aguinaldos.
Entre las propuestas, plantean un programa de bienestar de emergencia social para asignar 250 millones de pesos para apoyo alimentario a afectados por la pérdida temporal o permanente de su fuente de ingresos, incluyendo 50 mil apoyos alimentarios.
Empleo temporal inmediato, que cuente con cinco mil millones de pesos para ofrecer 25 mil jornales con salario mínimo para labores de mantenimiento de infraestructura pública.
La atención a la salud mental, con la asignación de 15 millones de pesos adicionales al presupuesto de la Secretaría de Salud para un programa en respuesta al impacto psicológico de la violencia.
También créditos a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas, con una tasa de interés tres puntos menores a la tasa de referencia de Banxico, con un periodo de gracia de seis meses y plazos de hasta cinco años.
Además, la creación de un fondo especial para Sinaloa de mil 500 millones de pesos que permita financiar a las microempresas a través de un esquema de garantía con la banca de desarrollo.
Y el fortalecimiento de la seguridad pública, se solicitan mil 500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para instalar dos mil 500 viedocámaras y repartir 50 mil botones de emergencia, entre otros.
