Ciudad de México. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) manifestó su total rechazo a la aprobación, en el Senado, de la Ley que crea el llamado “Tribunal de Disciplina” del Poder Judicial de la Federación, al dotarlo, dijo, de atribuciones que exceden cualquier estándar democrático y vulneran profundamente la independencia judicial.
Ante estas medidas “desproporcionadas y autoritarias”, la Jufed anunció que impugnará esta ley por todos los medios legales disponibles, en defensa de la independencia judicial y los derechos fundamentales de las personas juzgadoras.
“La creación de este Tribunal representa un golpe directo a la Constitución, a los principios democráticos y a la confianza ciudadana en un sistema de justicia imparcial”.
Señaló que este nuevo órgano constituye un mecanismo de persecución que coarta la libertad de criterio de los juzgadores y propiciará una justicia parcial y sometida a intereses políticos. Reiteró que se trata, en los hechos, de un “tribunal de inquisición judicial” que debe ser combatido nacional e internacionalmente.
“El diseño de este Tribunal no tiene precedente en el mundo. Su estructura y atribuciones convierten al Poder Judicial en un brazo del oficialismo, con un control absoluto sobre los jueces y magistrados. Entre las facultades otorgadas, destaca la posibilidad de vigilar no solo el trabajo jurisdiccional, sino incluso aspectos de la vida personal de los juzgadores, apoyándose para ello en el Ministerio Público y agentes investigadores”.
Apuntó que con estas “herramientas”, el Tribunal podrá suspender, despedir, presentar ante el Ministerio Público e incluso acusar de “traición” a los juzgadores, abriendo la puerta a un uso discrecional y político de la justicia.
La Jufed, agregó que observa con suma preocupación que este Tribunal se erige como un instrumento para intimidar, amedrentar y someter a las personas juzgadoras, promoviendo resoluciones que favorezcan a los intereses del oficialismo y minando los principios fundamentales del Estado de Derecho.
“Este diseño no busca garantizar la rendición de cuentas, sino silenciar y someter al Poder Judicial, anulando su capacidad de actuar como contrapeso frente a los demás poderes. Además, este Tribunal opera bajo un esquema uniinstancial, sin posibilidad de apelación o revisión independiente. Al ser los mismos cinco integrantes quienes resuelvan en primera instancia y posteriormente en pleno, las decisiones quedan blindadas de cualquier escrutinio”.
“Este modelo autoritario deja a los juzgadores federales en un estado de indefensión absoluta, situación incompatible con cualquier sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos y la separación de poderes”.
