Ciudad de México.- Derivado de las 14 reformas constitucionales que aprobó hasta el momento, el Congreso de la Unión acumula cambios pendientes a 47 leyes federales, generales y nacionales, lo que impide que la aplicación plena de todas ellas sea una realidad tengible para la población en materia de salud, seguridad, igualdad salarial, amparo, vivienda y pensiones para grupos vulnerables.
Según las reglas de la aplicación del marco jurídico nacional, es necesario que existan las leyes que reglamentan las disposiciones constitucionales para que se apliquen plenamente e incluso es necesario, en la mayoría de los casos, que se cuenten con los reglamentos respectivos para que los beneficios que se buscan para la sociedad sean claros.
Desde septiembre y hasta esta semana, el Congreso de la Unión aprobó 14 reformas constitucionales, de las cuales 10 son parte del llamado Plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador; dos fueron propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum y una más que impulsó el partido Morena, y una está congelada.
De esas 14 reformas constitucionales, están por concluirse las leyes que reglamentan las reformas al Poder Judicial y en materia de igualdad sustantiva, pues la semana pasada fueron aprobadas por el Senado y en esta semana lo hará la Cámara de Diputados.
Como lo dijo Excélsior la semana pasada, a pesar del intenso trabajo en sólo tres meses, el Congreso de la Unión concretó hasta el momento únicamente el 55% del plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del 45% restante, dos reformas se frenaron por una decisión económico-política: el aumento al salario mínimo y elevar a nivel constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
El pasado 5 de febrero, el expresidente de la República entregó a la Cámara de Diputados un paquete de 20 reformas; de las cuales 18 son constitucionales y dos legales. El entonces mandatario federal anunció que si Morena y sus aliados políticos lograban la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, todas esas reformas iban a ser realidad, pues en febrero del 2024 el oficialismo morenista no tenía la mayoría calificada para lograrlas.
Hasta el momento, de las 18 reformas constitucionales que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador se concretaron 11, aunque no todas tienen aplicación plena.
De esas 11, una está congelada, a pesar de contar ya con la aprobación en Cámara de Diputados, en el Senado de la República y validada por 20 de los Congresos estatales desde el mes pasado: el aumento a los salarios mínimos igual o por arriba de la inflación anual. Ni el Senado ni la Cámara de Diputados han declarado su validez constitucional.
Y a pesar de que de esas 11 reformas ya tienen el aval completo del llamado Constituyente Permanente –Congreso de la Unión y al menos 17 Congresos estatales–, aún su aplicación no es plena en 10 de ellas.
Sólo 10 ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación; están pendientes la llamada supersecretaría de Seguridad Pública; el nuevo catálogo de prisión preventiva oficiosa y la desaparición de siete órganos autónomos; y la que está detenida en su declaración de validez: salario mínimo.
Para que todas las reformas constitucionales puedan tener una aplicación plena necesitan de sus respectivas leyes o reformas de leyes y hasta el momento ninguna de ellas cuenta con esas leyes, que reglamentan las disposiciones constitucionales.
Sólo hay dos que han avanzado en ese terreno, pero sus leyes no son aún un decreto vigente.
La reforma al Poder Judicial es la única que la operatividad es una realidad desde el primer mes de su existencia, porque la propia Constitución fijó tiempos específicos para realizar todo lo relacionado con el proceso de elección de los nuevos juzgadores federales; sin embargo, en el resto de los ordenamientos aún no hay claridad para su aplicación, porque todavía no existen las leyes.
La semana pasada el Senado aprobó las nuevas leyes Orgánica del Poder Judicial y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, todavía falta que las apruebe la Cámara de Diputados.
Y lo mismo pasa con la reforma constitucional propuesta por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en materia de igualdad sustantiva.
La semana pasada el Senado aprobó campos a siete instrumentos legales: códigos nacionales de Procedimientos Penales y de Procedimientos Civiles y Familiares; leyes general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como a las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado. Están pendientes de su aval en la Cámara de Diputados.
Así, a pesar de ser las más avanzadas en su regulación legal, sus disposiciones todavía no tienen una aplicación plena.
La reforma en materia de bienestar animal dispone que “el Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales”.
Pero también deberá reformarse la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, porque ahí están las referencias a la protección de los animales.
La inclusión de la Guardia Nacional como parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional dice en su régimen transitorio que “dentro del plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, el Congreso de la Unión debe armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto. En tanto se realice la armonización del marco jurídico correspondiente, la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional continuará operando con apego a las disposiciones legales vigentes antes de la entrada en vigor del presente Decreto”.
Los instrumentos legales que necesitan incluir a la Guardia Nacional son los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales, así como las leyes de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y General que establecen las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La inclusión de nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa dice que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico de las leyes, y eso implica que se modifiquen los códigos Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal, así como la Ley General de Salud, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Fiscal Federal.
En cuanto a las nuevas disposiciones en materia de comunidades indígenas y afromexicanas, el Congreso también tiene 180 días para emitir las leyes respectivas y el régimen transitorio le ordena emitir una nueva “ley general en la materia”.
Pero también implica cambios a la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y la Ley General de Derechos Linguísticos de los Pueblos Indígenas.
Los cambios constitucionales en materia de bienestar, que se refieren al derecho a la vivienda, a la pensión de adultos mayores, a personas con discapacidad menores de 65 años, así como apoyos a jornaleros agrícolas y pescadores, junto con productos que tienen precios de garantía y entrega de fertilizantes implicarán que en un máximo de 180 días, el Congreso de la Unión modifique las leyes General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; del Seguro Social; de Desarrollo Social, de Vivienda, Federal del Trabajo y General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
La reforma en materia del servicio ferroviario implican cambios a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
La decisión de que Pemex y CFE implica cambios a al menos cinco leyes, porque en el régimen transitorio incluye que se anularán disposiciones transitorias de la reforma del 2014, que están reflejadas en diversos ordenamientos legales.
Las leyes de Hidrocarburos, Ingresos sobre Hidrocarburos, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Industria Eléctrica son algunas de ellas.
En cuanto a la reforma en materia de vivienda, el régimen transitorio dice que deberá modificarse la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en un plazo máximo de 180 días.
REGULADORES
La eliminación de siete órganos autónomos, encargados de la regulación en materia de competencia económica, transparencia, protección de datos personales, telecomunicaciones, hidrocarburos, electricidad, medición de la pobreza y evaluación educativa toca 11 ordenamientos legales.
Las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y de Educación; así como las leyes federales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, de Competencia Económica, de Telecomunicaciones y Radiodifusión; además, las leyes de Hidrocarburos, de la Industria Eléctrica y Reglamentaria del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación.
Ya cuenta con cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública, que traslada las funciones de los órganos autónomos a diversas secretarías de Estado.
La creación a nivel constitucional de facultades inéditas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya tiene referencias en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero están pendientes los cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y en cuanto a la reforma que impulsó Morena, llamada de la supremacía constitucional, es necesario modificar la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria de los fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sólo cuando todas esas leyes estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación y estén en vigor, las reformas constitucionales serán de aplicación plena en materia de pensiones, vivienda, seguridad pública, energía, bienestar animal, pueblos indígenas, transparencia y amparo, entre otras. competencia económica, telecomunicaciones, evaluación educativa y amparo.
