En el primer mandato del gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Justicia tuvo acceso a registros telefónicos y correos electrónicos de periodistas y congresistas, reveló un informe de esta misma dependencia.
El gobierno del republicano incumplió sus propios procedimientos para solicitar esta información, pues se requería de autorización expresa del fiscal general.
En total, fueron vigilados 43 empleados del Congreso, de los cuales 21 trabajaban en la bancada demócrata, 20 con republicanos y otros dos con servidores públicos independientes.
También figuran dos congresistas del Partido Demócrata y periodistas de medios como The New York Times, CNN y The Washington Post.
Los fiscales obtuvieron registros de comunicación mediante citaciones y procesos legales dirigidos a proveedores como Apple, y acompañaron estas solicitudes con órdenes de silencio para impedir que las empresas notificaran a los clientes.
Llegamos a varias conclusiones sobre el uso del Departamento de un proceso obligatorio para obtener registros de comunicaciones sin contenido de miembros del Congreso y personal del Congreso y miembros de los medios de comunicación”, aclaró el reporte titulado Una revisión de la emisión por parte del Departamento de Justicia de un proceso obligatorio para obtener registros de miembros del Congreso, personal del Congreso y miembros de los medios de comunicación.
Como resultado del acceso a la información el Departamento de Justicia no acusó a nadie en estas investigaciones de divulgación no autorizada de información clasificada.
No encontramos ninguna evidencia de motivación política o de represalia por parte de los fiscales que dictaron el proceso obligatorio”, señaló el documento de 96 páginas.
El Inspector General criticó estas acciones por violar políticas internas del Departamento de Justicia, incluidas las que exigen consultar a un comité especial antes de aprobar estas medidas.
En noviembre de 2023, ya bajo el gobierno del presidente Joe Biden, la dependencia revisó sus políticas sobre investigaciones del Congreso para exigir la aprobación de los criterios antes de emitir un proceso obligatorio a un tercero para los registros de comunicación de funcionarios.
Ante esto, el senador demócrata Ron Wyden calificó las revelaciones como “más que inquietantes”.
Estos abusos demuestran que hay pocas barreras que impidan que un solo fiscal o el fiscal general espíen al Congreso y amenacen nuestro sistema constitucional de controles y equilibrios”, declaró Wyden.
También criticó al Departamento de Justicia por engañar a un juez para obtener la autorización.
