Ciudad de México.- Peritos de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas (FGE), sin los estudios y las certificaciones necesarias realizan dictámenes favoreciendo a empresarios coludidos con redes de corrupción judicial, extorsión, lavado de dinero y trata de personas en la entidad.
Un ejemplo emblemático de este fenómeno es el juicio 432/2010, un caso que, por la manipulación de jueces, magistrados y peritos, transformó un adeudo inicial de 711 mil pesos, derivado de un conflicto vecinal sobre la colindancia de un muro de apenas 35 metros cuadrados, en una deuda multimillonaria de 3 mil millones de pesos.
Entre los principales implicados en este caso de corrupción se encuentran Guillermo Ramos Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia; la jueza Ángeles Guadalupe Mendoza; y los magistrados María Itzel Ballinas Barboza, Claudia Lucía Domínguez Acuña y Guillermo Horacio Esponda Orantes; además del empresario Francisco Echeverría Blanco, propietario del terreno colindante al hotel Marriott en Tuxtla Gutiérrez.
El fraude se fundó en un peritaje contable elaborado por la contadora pública María de Lourdes Gómez Ordoñez, perito de la Fiscalía Estatal. Dicho informe, altamente cuestionado por su falta de rigor técnico y metodológico, sostiene que una colindancia de 35 metros cuadrados habría impedido a Echeverría Blanco desarrollar un proyecto inmobiliario de seis pisos, un planteamiento sin pruebas documentales ni factibilidad.
El peritaje de Gómez Ordoñez, realizado en 2023, proyectó ingresos hipotéticos derivados de un proyecto comercial no acreditado, sin estudios de mercado ni permisos de construcción. Además, omitió considerar costos operativos, fiscales y limitaciones del terreno, resultando en una sobreestimación de mal cálculo.
Un nuevo análisis contable realizado en octubre de 2024 por el contador público certificado Juan Guillermo Cíntora Torres evidenció graves irregularidades en el dictamen original.
Este análisis concluyó que los cálculos presentados carecían de base metodológica y no cumplían con principios contables ni normativas aplicables, comprometiendo la valoración.
“En consecuencia, el informe presenta una falta de objetividad que compromete su validez contable y legal, al no cumplir con los principios de imparcialidad, rigor y evidencia que deben regir en la práctica pericial”.
La falta de un marco de actuación claramente definido y referenciado en el dictamen de la contadora María de Lourdes Gómez Ordoñez, aunada a la ausencia de pruebas que acrediten su idoneidad específica para realizar un peritaje de esta naturaleza, cuestiona seriamente la fiabilidad de sus conclusiones.
“Su dictamen es impreciso y tendencioso en los estándares contables específicos, normativas aplicables y métodos de auditoría que sustenten sus procedimientos y análisis. Además, la contadora omite detalles fundamentales que respaldan su imparcialidad, lo que razonablemente desplaza la objetividad de su análisis”.
Ahora será la FGR la que realice las investigaciones necesarias en el caso del dictamen que cambió un adeudo inicial de 711 mil pesos en una deuda multimillonaria de 3 mil millones de pesos.
