La semana pasada trascendió en diferentes medios de comunicación una declaración vertida por el delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez.
En su declaración, el funcionario federal, sustancialmente, expresó: “No son despidos, no son despidos de ninguna manera, es un término de un contrato que ellos tienen; pero sobre todo, lo importante de aquí, es que cada uno de esos contratos que no llegaron, pues se despiden de algunas denuncias que tenemos por parte de la ciudadanía de malos manejos en cuanto a los programas federales y un bajo índice de atención…Los programas sociales deben ser utilizados para beneficiar a la población y no para fines políticos y personales…”.
Lo anterior, de acuerdo a la información difundida en diferentes medios de comunicación, se da en el contexto de la supuesta conclusión (31 de diciembrede 2024) de diversos contratos laborales relacionados con 5 empleados (servidores de la nación) en el municipio de Reynosa.
Lo anterior, a partir de la sensatez mínima y los principios básicos de la buena administración pública, inevitablemente, conduce a múltiples cuestionamientos, los cuáles, por su trascendencia e implicaciones, merecen ser analizados en su justa dimensión.
Podemos sostener válidamente que la declaración, exhibe aristas y entraña diferentes matices plagados de confusión; pues, por un lado, y de inicio, el delegado entrevistado sostiene (sin precisar los nombres) que a los empleados no se les despidió yque fenecieron los contratos laborales respectivos, pero, por otro lado, es evidente su intento por justificar la situación, cuando señaló: “…cada uno de esos contratos que no llegaron, pues se despiden de algunas denuncias que tenemos por parte de la ciudadanía de malos manejos en cuanto a los programas federales y un bajo índice de atención…”.
Lo anterior, comunica claramente que se dejó de extender los contratos a los exservidores de la nación, en razón a que incurrieron en actos u omisiones que entrañan “presunta irresponsabilidad e ilegalidad por parte de servidores públicos”; pues,el delegado federal, desde la lógica de la justificación, aludió que tales despidos se suscitaron, en virtud a que existían denuncias ciudadanas de malos manejos en los programas sociales y bajo índice de atención.
También, refirió que los trabajadores, a los cuales ya no se les dio continuidad contractual en la delegación federal que encabeza, obedece a que actuaron indebidamente, puesto que hicieron mal uso de programas sociales, ya que -afirmó en la entrevista- que estos son para la población y no para fines políticos ni personales.
Tales circunstancias e inconsistencias, inevitablemente, revelan los pésimos estándares comunicacionales que acusó en la entrevista don Luis Lauro; pues, al momento de ser entrevistado, no estaba debidamente informado sobre los detalles contractuales de cada uno de los empleados y, menos aún, de los aspectos técnico jurídicos respectivos.
Las inconsistencias se exhiben desde la razonabilidad y la técnica misma, si tomamos en cuenta que el delegado federal nunca mencionó losnombres y/o detalles concretos de los contratos de los despedidos; tampoco refirió cuáles fueron las causales y/o normas específicas violentadas por los empleados en el ejercicio propio de la función que desempeñaban; menos aún, detalló cuáles vías y/o procedimientos de denuncias ciudadanas, administrativos, civiles o penales se activaron con motivo de las irregularidades en que presuntamente incurrieron los empleados; tampoco, mencionó la existencia de resolución alguna que definiera y ponderara las conductas desplegadas y atribuidas a los trabajadores de marras.
Lo anterior es relevante, a virtud de los principios de justicia, audiencia previa y presunción de inocencia previstos en nuestro sistema jurídico mexicano.
En palabras simples, ningún cargo público sea federal, estatal o municipal autoriza o legitima a actuar desde la injusticia o desde los prejuicios, tampoco desde la subjetividad o del capricho, porque no es digno ni humanista; menos aún, cuando se asume ser ejemplo de un esquema transformador.
En conclusión, desde la razonabilidad, no podemos ni debemos normalizar la injusticia ni las malas prácticas en la administración pública de los distintos órdenes de gobierno, pues, precisamente ahí, emerge gran parte del deterioro institucionalque histórica y lamentablemente constituye un lastre…despidos, los necesarios, pero apegados a los principios de justicia y cauces legales.
Desde aquí, confiamos en la reflexión de los involucrados…
