El nuevo modelo de seguridad federal que se grabó en el artículo 21 de la Constitución y que permite las facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional, rompe con un modelo francés aplicado en México desde varias décadas y en el cual, se concentra el monopolio del Ministerio Público y las hoy Fiscalías Federal y Estatales.
Uno de los cambios de modelo y que me parecen de los más importantes, es que ahora, los elementos de la Secretaría de Seguridad Federal, podrán hacer llegar información, pruebas o evidencia o la comprobación de un delito al Ministerio Público para que hoy, inicie una carpeta de investigación y no será el AMP quien solo ordene a sus policías, las investigaciones por la denuncia recibida.
La misma Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tendrá a su cargo labores de inteligencia, coordinación de inteligencia y la misma investigación policíaca.
También y lo mismo que la Guardia Nacional, podrán solicitar al AMP intervenciones, abrir expedientes y exigirle a la misma Fiscalía General de la República que, con la información recabada se ejerza acción penal por la probable comisión de un determinado delito o delitos.
No deja de ser interesante lo que hoy se esta generando, en materia de seguridad y sí es poco lo que se esta conociendo a detalle, pero seguramente, conforme se vaya desarrollando el trabajo de Seguridad, estarán saliendo los avances y las necesidades en los cambios legislativos porque e incluso fallas, son las que más se pueden conocer.
Este modelo, fue ‘vendido’ como una forma de exponer una recomposición en la estrategia de seguridad pero al mismo tiempo y particularmente el mensaje político, es decirle al ex presidente que su estrategía no solo falló, comience a olvidarse de sus “abrazos y no balazos”.
Una de las lecturas que esta dejando, esta reforma con nueve dias en vigor, es que las omisiones en materia de seguridad son responsabilidades del ex presidente López Obrador, que ordenó al Ejército agacharse ante los reclamos, ataques, insultos, atropellos que vivieron y hoy las consecuencias se mantienen vigentes, pero cuando la tropa decidió no dejarse, entonces se les fueron encima los Derechos Humanos y la Policía Militar y hasta la FGR.
Frente a ello, ya existe una reacción por parte del Gobierno Federal actual y es una tarea que en las últimas semanas se ha conocido, con los operativos y trabajo de inteligencia de Omar García Harfuch.
Precisamente, en entidades como Tamaulipas, ya se han dado las primeras señales de disposición para colaborar con la estrategia y acciones del Secretario de Seguridad Pública Federal.
Sin embargo, una de las disposiciones que debe mostrar el Estado, y seguramente en gran parte del país, principalmente donde los índices de inseguridad son muy altos, por ejemplo Guanajuato, es que, al momento de darse las designaciones de nuevos Fiscales Generales, es que la propuesta de los Ejecutivos, lleguen concensadas con la opinión García Harfuch.
No se trata de ceder o permitir una intervención a la esfera de la autonomía, pero es necesario que desde las mismas Fiscalías e incluso, en las Secretarías de Seguridad Pública Estatal, se acuerden los nombramientos para que exista un trabajo de mayor confianza y seguramente efectividad que, es lo que se busca, resultados.
Bajo un escenario así y con la disposición del Estado o de los Estados, el Secretario de Seguridad Federal no tendría pretexto para entregar resultados y cerrar el círculo en su estrategia operativa contra la delincuencia.
Al Secretario Harfuch, ya le asesinaron a dos de sus hombres de mayor confianza en el proceso de la puesta en marcha de esta estrategia, y hoy, lo que se debe esperar, es que en las entidades exista gente de confianza y sin compromisos y no, Fiscales con un pasado que saben armar expedientes falsos, perseguir a los adversarios políticos, desmantelar estructuras para imponer a operadores policiacos que traten con la delincuencia o se roben el dinero de las recompensas y menos que, existan Secretarios de Seguridad Pública que dividen a sus policías estatales en escuadrones para negociar por región con grupos delictivos.
