Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El haber sustentado un contrato ilegal por más de 125 millones de pesos desde la Secretaría de Sebien en el gobierno anterior, abrió la puerta para descubrir otros pagos que se hicieron entre 400 y hasta 500 millones de pesos, en donde aparecen ex funcionarios involucrados de la Secretaría de Administración, Seduma, SET, Contraloría y SEBIEN.
Descubrir el pago de 125 mdp de forma ilegal en SEBIEN ha sido la punta de iceberg
Jesús Eduardo Govea Orozco, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, dio un informe del trabajo que sea realizado a partir de julio del 2024 a la fecha y de entrada, atajo que su trabajo “no se trata de ajuste de cuentas, ni cacería de brujas, pero actuamos de acuerdo a los hechos y actuamos por un mandato que nos otorgó”.
Sólo en los primeros 27 días del 2025, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado 10 carpetas de investigación y ha logrado que un juez libere 8 órdenes de aprehensión por diversos delitos y por asuntos en donde están involucrados ex servidores públicos.
Informó que a la fecha, suman poco más de 90 denuncias por irregularidades administrativas y financieras de la administración anterior, pero se suman a las que ha presentado la Contraloría de Gobierno, al menos 40, así como la Auditoría Superior del Estado que alcanzan al menos 70 y entre otras dependencias que han interpuesto en estos últimos dos años.
Sin embargo, aclaró que suman casi 800 asuntos que están en trámite y al menos 200 tienen que ver con las denuncias que se están impulsando en esta Administración Estatal desde diferentes áreas.
“Hay funcionarios de primer nivel implicados y se trabaja en la integración de la investigación que señalan, algunas de estas, al ex titular del ejecutivo”.
Govea, recordó que en el cierre del ejercicio 2024, lograron acreditar ante los tribunales al menos 14 carpetas que se judicializaron y permitió entre otros casos, que el pasado 17 de enero se logrará la detención del ex secretario de Sebien en San Luis Potosí.
Destacó que ninguna de las carpetas donde se solicitan judicializar y lograr las órdenes de aprehensiòn han sido devueltas por falta de méritos
“Estos mandamientos judiciales implican a servidores públicos de primer nivel”, destacó.
Agregó: “Acabamos de obtener ocho mandamientos por casos diversos … tenemos otros que están vigentes en contra de personajes que son más conocidos”.
Aseguró que la actuación de la fiscalía Anticorrupción, no habrá ni en la pasada ni en la actual administración una consideración si se cometió un delito. “No hay distinciones, no hay intocables, vamos en contra de quien sea”.
Dio a conocer que hay alrededor de 15 servidores públicos, todos de niveles principales, vinculados a proceso y de las denuncias que se han venido impulsando se tiene a 458 servidores públicos, señalados entre titulares, mandos medios y superior.
Reconoció que los procesos y la actuación de la fiscalía, tiene un crecimiento de avance lento pero progresivo porque una de las acciones que hacen, es sustentar jurídicamente la acusación, cuidar el debido proceso y dar las garantías de audiencia para cerrar el paso a las impugnaciones de los casos, lo que ha permitido ir a paso firme y que los jueces de control no rechacen los casos.
No pasó por alto, destacar que a diferencia de otro tiempo, hoy existe colaboración con la Fiscalía General de Justicia que encabeza Irving Barrios y una prueba de ello, son las últimas actuaciones que se han generado.
Reconoció la colaboración y coordinación con otras fiscalías estatales para realizar su trabajo, como fue el caso de la Fiscalía de San Luis Potosí en donde fue detenido el ex secretario de Sebien Rómulo G por haber autorizado un pago de 125 millones de pesos bajo un contrato presuntamente ilegal.
Al respecto, dijo que este, es uno de varios contratos que se hicieron y que se están investigando en la dependencia de Sebien, pero hay otras instancias de donde se hicieron pagos de hasta 500 millones de pesos y que se presume, se hicieron de forma irregular.
Refirió que durante el 2023 el trabajo de la FECC, entonces bajo la titularidad de Raúl Ramírez Castañeda, fue nulo y los indicadores empezaron a despegar a partir de julio del 2024 pero debido al impulso que se le dio desde la Unidad de Inteligencia Financiera a su cargo.
“Realmente sólo se trataba de denuncias que no habían tenido un impulso…¿Qué hicimos?, primero acreditarnos desde la Unidad de Inteligencia Financiera en aquellos casos que se habían presentado y una vez acreditados impulsarlos aportando los elementos para su judicialización”, señaló.
