Estados Unidos envió este martes el primer vuelo con migrantes detenidos en su territorio hacia el centro de detención en la Base Militar de Guatánamo (Cuba), según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista a la cadena Fox Business.
“Ya no permitiremos que Estados Unidos sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo”, dijo en declaraciones esta mañana la vocera presidencial al canal financiero de la cadena Fox News.
Durante las primeras semanas de su mandato, las autoridades han detenido a unas 3 mil personas en todo el territorio nacional, lejos de las “redadas masivas” que el propio presidente prometió durante la campaña electoral. Aun así, las operaciones migratorias han generado preocupación en varios grupos de derechos humanos, que cuestionan la legalidad de trasladar a los detenidos a una base militar en el extranjero.
Según fuentes oficiales, el presidente Trump firmó la semana pasada un memorando que ordena ampliar la capacidad de detención en Guantánamo para recibir hasta 30 mil personas, mientras que el Pentágono desplegó a más de 150 militares —principalmente Infantes de Marina y personal del Comando Sur de Estados Unidos— para gestionar el nuevo centro.
En el acto de la firma, Trump afirmó que la medida busca “detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense”.
Sin embargo, expertos en leyes migratorias y organizaciones civiles subrayan que, bajo la legislación de Estados Unidos, vivir en el país sin autorización o estatus legal constituye una falta de naturaleza civil y no un delito penal. Por tanto, califican de “engañoso” el argumentario gubernamental que asocia a todo inmigrante sin documentos con la criminalidad.
“En la mayoría de los casos, no existe un historial criminal previo; afirmar lo contrario es distorsionar la realidad”, señalan portavoces de estas entidades.
Se desconoce cuántas personas podrían llegar a Guantánamo en las próximas semanas, pero desde la Casa Blanca insisten en que la decisión es “imprescindible” para proteger a la población y reforzar la frontera sur.
