Una jueza federal en Maryland, Deborah Boardman, emitió una orden judicial preliminar que bloquea la orden ejecutiva del presidente Donald Trump encaminada a poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La disposición, firmada por Trump en su primer día en el cargo, pretendía desafiar la interpretación tradicional de la Cláusula de Ciudadanía de la 14.ª Enmienda de la Constitución, restringiendo la nacionalidad estadunidense a los hijos de migrantes o de personas en estancia legal temporal.
La determinación del tribunal llega después de una solicitud de cinco mujeres indocumentadas embarazadas que solicitaron una medida cautelar contra la orden. Según su demanda, la decisión de Trump viola la Constitución y varias leyes federales.
“Si se le permite entrar en vigencia, la Orden Ejecutiva pondría en duda el estado de ciudadanía de miles de niños en todo el país, incluidos los hijos de demandantes y miembros individuales”, alega el documento.
En la corte, los abogados del Departamento de Justicia defendieron que la medida de Trump busca “resolver las malas impresiones previas” sobre la 14.ª Enmienda. En su opinión, la ciudadanía por nacimiento genera un “incentivo perverso para la migración ilegal”. El equipo legal de la administración añadió que:
“Texto, historia y precedentes apoyan lo que el sentido común obliga: la Constitución no alberga una cláusula inesperada que otorga la ciudadanía estadunidense a, entre otras cosas, los hijos de aquellos que han eligido (o desafiados por completo) las leyes federales de migración.”
La orden de la jueza Boardman se suma a la decisión anterior de un juez federal en Seattle, John Coughenour, quien calificó la orden ejecutiva como “descaradamente inconstitucional”.
“Tengo dificultades para entender cómo un miembro del bar puede indicar inequívocamente que esta es una orden constitucional. Me aturde la mente”, afirmó Coughenour. El juez de Seattle había emitido un bloqueo temporal, mientras que ahora la orden judicial preliminar de Maryland podría extender la suspensión por un periodo indefinido.
Justin Levitt, profesor en la Universidad de Loyola Marymount, explicó a la cadena ABC que “La audiencia que está surgiendo es un procedimiento que esencialmente hace una pausa más larga.
Es una orden que dice: ‘No implementen esto’, porque los demandantes han mostrado una probabilidad de que tengan éxito cuando finalmente llegamos a una resolución final, pero muchas reclamaciones legales sustantivas se deciden efectivamente por medidas cautelares preliminares”.
La administración Trump ha pasado meses preparando esta iniciativa, consciente de los posibles desafíos ante los tribunales. El presidente prometió apelar cualquier fallo que considere que su orden es inconstitucional, por lo que la orden judicial preliminar se perfila como un paso que podría llevar el caso a cortes de apelación.
De acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca, la medida se basó en la necesidad de, según Trump, “impedir la migración ilegal y frenar el abuso de los recursos del Estado”.
Mientras tanto, las cinco mujeres indocumentadas embarazadas que iniciaron la demanda en Maryland aseguran que la normativa las perjudicaría de un modo particular.
Para ilustrarlo, una de las demandantes, “Monica” —médica venezolana con estatus de protección temporal—, expuso: “Tengo 12 semanas de embarazo. Debería estar preocupado por la salud de mi hijo. Debería estar pensando en eso principalmente y, en cambio, mi esposo y yo estamos estresados, estamos ansiosos y estamos deprimidos sobre la realidad de que mi hijo puede no ser capaz de convertirse en ciudadana estadunidense”.
