Ciudad de México.- A un año de la presentación del plan C, 12 de sus 18 reformas constitucionales ya fueron promulgadas, configurando un cambio que sus impulsores y críticos califican de profundo y sin antecedentes en la historia reciente nacional por las consecuencias que generarán a largo plazo.
La vertiginosidad inédita de las iniciativas aprobadas entre septiembre y diciembre de 2024 marca el cierre de una etapa que inició en 2019 y que hasta ahora suma cuatro decenas de decretos que han modificado 54 artículos de la Constitución.
Se trata del 2o, 3o, 4o, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 41, 43, 52, 53, 55, 56, 65, 73, 74, 76, 78, 81, 82, 84, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 107, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 122, 123, 127, 129 y 134.
Para la exsecretaria de Gobernación, ministra en retiro y diputada federal Olga Sánchez Cordero, el proyecto de reformas de entonces a la fecha recupera la rectoría del Estado y actualiza instituciones que habían envejecido y eran lejanas a las necesidades de la gente, incluyendo el Poder Judicial al que ella perteneció por más de dos décadas.
El líder de la mayoría de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, considera que, si bien no se ha concluido la recuperación de los derechos sociales que se heredaron de los constituyentes de 1917, sí se ha avanzó significativamente en revertir las estructuras privatizadoras que el neoliberalismo dejó.
Hamlet García Almaguer, diputado federal que participó en la confección de los 17 dictámenes del plan C que quedaron listos en agosto pasado confía en que los aún pendientes irán concretándose. Pero sostiene que lo alcanzado hasta hoy conforma la mayor reforma de carácter social que México ha tenido.
La exlegisladora Dulce María Sauri alerta sin embargo que estos derechos sociales, como tantos que la Constitución contiene, no podrán ser garantizados en la actual estructura que ha devuelto al Ejecutivo federal la concentración del poder que el presidencialismo tenía en los años 20 del siglo pasado.
El académico Juan Jesús Garza Onofre advierte además que los cambios experimentados en los últimos siete años se traducen en una nueva Constitución que ha roto el acuerdo mínimo entre las y los mexicanos, requisito fundamental para cualquier régimen democrático.
LOS CAMBIOS SUSTANCIALES A LA CONSTITUCIÓN
Extinción de Dominio. Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Guardia Nacional. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Prisión preventiva oficiosa. Decreto por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.
Paridad entre Géneros. Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consulta Popular y Revocación de Mandato. Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Condonación de impuestos. Secreto por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la materia.
Movilidad y Seguridad Vial. Decreto por el que se declaran reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la materia.
Juventud. Decreto por el que se declaran reformados los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.
Fuero. Decreto por el que se declaran reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Partidas secretas. Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nacionalidad. Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.
Seguridad Privada. Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entidades federativas. Decreto por el que se declara adicionada una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Servicio público. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión.
Cargo público. Decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de edad mínima.
Vías y transporte ferroviario. Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Poder Judicial. decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De áreas y empresas estratégicas. Decreto por el que se reforman el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Protección y cuidado animal. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Congreso de la unión. Decreto por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de periodos de sesiones ordinarias.
Vivienda para las personas trabajadoras. Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XII del apartado a del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VUELVE RECTORÍA EN TEMAS ESTRATÉGICOS
Ministra de la Suprema Corte por 20 años con 10 meses, primera secretaria de Gobernación del presidente López Obrador, senadora y hoy diputada federal, Olga Sánchez Cordero afirma que los cambios constitucionales que él promovió buscaron recuperar la rectoría del Estado en temas estratégicos y fundamentales para México.
Cuenta haber compartido con el exmandatario su visión nacionalista, contraria a la privatización y coincidir en que muchas de las instituciones habían envejecido.
Se alejaron mucho de la población, de las necesidades. El amparo se convirtió en un amparo élite. No era para el pueblo. Y el Poder Judicial también tiene pecadillos: no llegaban a resolver a fondo; siempre inoperancia de agravios, improcedencia, sobreseimiento”.
De la generación de la posguerra, Sánchez Cordero nació en 1947 en medio de la escasez; tenía 14 años cuando López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. “A mí no me extrañaban las reformas constitucionales del presiente López Obrador que para algunos eran regresivas porque querían el libre mercado. Y para otros eran volver a retomar, como en mi caso, la rectoría del Estado”.
Señala que los órganos autónomos ahora extintos fueron producto de una negociación política del Congreso con el presidente Peña Nieto: “pasan tus reformas, pero yo nombro a los comisionados”; recuerda que el presidente Carlos Salinas, con la obligación por el TLC de institucionalizar la regulación de los mercados, lo hizo con órganos desconcentrados: Cofece y Cofetel.
Y en cuanto a los derechos sociales derivados de las reformas, señala que se equivocan quienes pretenden hacer creer que son sólo poemas o propaganda en la Constitución. “Un gobierno de izquierda debe abocarse, enfocarse y hacer una realidad los derechos sociales porque es una manera de redistribuir el ingreso”.
Sostiene que todos los derechos humanos son muy caros para el Estado y rememora sus discusiones en la Corte con ministros que los consideraban sólo programáticos.
Estoy fascinada: por primera vez en muchas décadas a los menos desprotegidos se les da un ingreso mínimo vital para considerarse como una persona con dignidad.
El derecho de la pensión universal es lo mejor que le ha pasado a este país, porque nuestros adultos mayores eran ignorados, vituperados. Y, esto, los ha reposicionado dentro de la familia”, contrasta.
Cuenta que “el presidente (López Obrador) no quería el Seguro Popular y en algún momento me dijo: Esto es una caja chica de los gobernadores. Sólo pasaban la factura y el Estado pagaba y pagaba y pagaba sin ningún control. Y él ha querido que sea el gobierno el que preste los servicios de salud. Eso es un costo enorme”.
Pero lo existente antes de 2018, alega, eran hospitales deteriorados y un proceso permanente de privatización que incluía a la educación.
Dice que es López Obrador quien logra para las Fuerzas Armadas un marco constitucional que respalda su actuar.
A veces se nos olvidan tantas cosas”, señala para enfatizar que, en 2013 con Peña Nieto, ante la modificación de la Ley de Amparo para que no procediera contra reforma constitucionales, en la SCJN siempre se defendió esa supremacía.
Y al analizar la reforma reciente que estableció dicha supremacía en la Constitución, asegura que ese criterio prevaleció en 2011 con la reforma a los Derechos Humanos.
Ahí yo estuve. Y te puedo decir que no ganamos. El voto mayoritario -de los ministros Sergio Salvador Anguiano, Mariano Azuela, Ortiz Mayagoitia, Fernando Franco- era en el sentido de la supremacía constitucional. No había manera de hacer un bloque de constitucionalidad”.
Y sobre el señalamiento de una regresión democrática revira: “¿Más legitimidad democrática de la que tuvo el presidente López Obrador? ¿Más legitimidad democrática de la que tiene hoy la Dra. Claudia Sheinbaum?”.
HAN BORRADO 30 AÑOS DE AVANCES
La mayoría constitucional que ha actuado en la actual legislatura ha borrado los avances de prácticamente casi 30 años, para establecer las bases de la restitución del modelo de la presidencia autoritaria, sostiene Dulce María Sauri Riacho.
Política e historiadora, fue presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del PRI en el primer trienio del sexenio del presidente López Obrador cuando, recuerda, salieron adelante las primeras reformas que llevaron a la Constitución los programas sociales y, gracias a la oposición en el Senado, pudo garantizarse un mando civil para la Guardia Nacional.
Al reflexionar sobre lo sucedido en los últimos siete años, la exgobernadora de Yucatán sostiene que es fundamental recordar que la transición democrática inició en 1997, cuando su partido perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Enumera que la conformación de un nuevo Poder Judicial en 1996 y la ciudadanización del IFE, ahora INE, son parte de ese proceso protagonizado por tres fuerzas políticas que guardaban cierto equilibrio entre sí en el Congreso.
Dice que con el concurso del PRI, PAN y PRD se alcanzaron entre 2013 y 2014 reformas de gran calado.
Sostiene que en esa etapa se dio la redistribución del poder entre el Estado y la sociedad, iniciando el desmantelamiento del Poder Ejecutivo como eje de los poderes de la Unión y de la organización del Estado, permitiendo que las minorías fueran tomadas en cuenta.
Esta transición democrática empezó su fase de declinación abierta en el primer trienio de la administración de López Obrador. Aunque todavía hubo polvos de aquellos lodos democráticos”.
Para la segunda parte, describe, Morena y sus aliados transformaron esta situación, porque aun no teniendo la mayoría calificada, modificaron ordenamientos que derivaron en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas ante la Corte que, como defensora de un orden constitucional plural, menos presidencialista, ejerció sus atribuciones frente a un Poder Ejecutivo que buscaba reconformar el poder autocrático.
Y así llegamos a la elección de 2024 y a la conformación de una mayoría constitucional”, sostiene la exsenadora y ex presidenta del PRI.
Para Sauri los derechos sociales que Morena dice haber recuperado ahora quedarán a la deriva, ante la falta de independencia del Poder Judicial.
La Constitución de 1917 es la gran Constitución de los derechos sociales. Y no solamente me refiero al derecho al trabajo, consagrado en el artículo 123 constitucional, sino también al derecho a la tierra. Y yo no puedo reclamarle al constituyente algunas graves omisiones como el reconocimiento del derecho de la ciudadanía de las mujeres o que no haya establecido, en el artículo primero constitucional, los derechos humanos. Y eso que era avanzado, en el 17, reconocer las garantías individuales. Porque, aunque sea palabra maldita hoy, era una Constitución prácticamente liberal; los constituyentes crearon los derechos sociales, en la discusión del proyecto absoluto y completamente liberal.
Lo que sí puedo reclamar ahora es que quieran regresar la Constitución a la década de 1920. Porque no veo por ningún lado que haya garantías de ejercicio de derechos sociales, que a lo largo de muchos años se fueron incorporando: los derechos plenos de las mujeres, de las minorías.
Nuestra Constitución tiene una gran cantidad de derechos. Y lo que habíamos estado tratando de construir era el aparato que hiciera posible el ejercicio efectivo de los derechos que están en la Constitución”.
Pero hoy, advierte, “se pueden violar los derechos de quien sea y no hay consecuencias entre una Suprema Corte más preocupada por ver el final del desmantelamiento del aparato de justicia, un Poder Legislativo dependiente de un partido político que se está formando y que se puede constituir en la verdadera fuerza del sistema político mexicano, como nunca lo tuvo el PRI”.
REGRESA EL CARÁCTER SOCIAL DE CONSTITUCIÓN
Operador parlamentario clave para concretar las reformas de los últimos siete años, Ricardo Monreal Ávila sostiene que “se ha logrado, no se ha concluido” el objetivo que se propuso el expresidente López Obrador de devolverle a la Constitución el carácter social que el neoliberalismo le quitó al legado de 1917.
Doctor en Derecho y profesor en materia constitucional en el posgrado de la UNAM, el exlíder del Senado y actual coordinador de Morena en la Cámara de Diputados sostiene que estamos ante un cambio de paradigma que ha dado paso a la política social más profunda que México haya tenido.
A la pregunta de si se consiguió la meta que hace un año planteó el exmandatario, el jefe de la bancada de Morena en San Lázaro responde:
Se ha logrado, no se ha concluido. Hemos logrado generar reformas profundas, no sólo desde el 2018 a la conclusión del mandato del presidente López Obrador, sino que ahora en este periodo donde ya gobierna la presidenta Claudia Sheinbaum, ha habido reformas fundamentales”.
Monreal enumera algunos de los decretos que estarían perfilando el regreso a los derechos sociales y eliminando lo que López Obrador descalificó como reformas privatizadoras y neoliberales.
Una de ellas el Poder Judicial, otras para el bienestar ciudadano; otra de bienestar animal; otra más, la recuperación de empresas prioritarias y públicas, Comisión Federal de Electricidad y Pemex; la extinción de órganos autónomos; otra más elevar a rango constitucional los derechos de las comunidades indígenas, a decidir por sí, o elevar la política social a nivel de Estado, como son las Becas de Bienestar o como son los Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando vida, todos, programas sociales que son fundamentales.
Es la política social más profunda en la historia de México, y junto con ello estas reformas han dado un nuevo rostro a nuestra nación”, enfatiza.
Y en seguida define: “Por eso, yo sí creo que se ha logrado un nuevo paradigma y ha generado una nueva visión de constitucionalismo en México, con estas grandes reformas, que hemos dado el Congreso de la Unión a la Constitución, el constituyente permanente a México y que ahora ya son derecho vigente”.
Respecto al proceso de reformas constitucionales que derivó en una ruptura del Ejecutivo y el Legislativo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el futuro relevo de los integrantes del Poder Judicial con el voto popular, Monreal sostiene que “faltó pericia de los dirigentes o de los encargados del órgano de justicia. Creo que les llevó mucho tiempo el reflexionar y recapacitar que, un momento de enfrentamiento, que un clima de crispación no ayudaría”.
Admite que “eso provocó esta reforma, que era indispensable, ya independiente de la falta de pericia de la presidenta, ya era francamente insostenible por el grado de corrupción, de nepotismo, de déficit de justicia, que el ciudadano sentía que no estaba siendo escuchado. Esto fue lo que provocó, aparte de la falta de pericia, el malestar ciudadano que reprobó el actuar de los jueces y de los ministros”.
Sostiene que los cambios han sido cuantitativos por su cantidad y cualitativos por la profundidad en sus consecuencias, como es el caso de lo que establecieron en la Constitución nuevos mecanismos de participación ciudadana directa, como la revocación de mandato y la consulta ciudadana.
Cualitativamente es muy fuerte lo que se ha hecho. Y, como nunca, en siete años ha habido una cantidad muy importante de reformas que han cambiado totalmente el sentido de la privatización, del desmantelamiento del Estado y ahora se ha reforzado éste.
Rechaza que este cúmulo de reformas se traduzcan en una concentración de poder en el Ejecutivo federal.
Lo que sí creo es que se le otorga al pueblo la facultad de decisión, porque son elecciones abiertas, y porque el pueblo va a decidir quiénes son sus jueces, sus magistrados y sus ministros. Confío mucho en el pueblo y cuando se equivoque el pueblo debe seguir decidiendo el pueblo. Es mejor que se equivoque el pueblo y no una sola persona”, concluye.
ES LA MÁS REFORMADA DEL MUNDO
Crítico de la reforma al Poder Judicial, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Juan Jesús Garza Onofre sostiene que la Constitución mexicana es las más reformada del mundo.
De la Constitución del 17 que promulgó Carranza, los que quedan son prácticamente seis, siete artículos intactos. Esto es normal, que la Constitución cambie, porque la realidad cambia, porque el mundo cambia”, afirma.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), señala que lo que debe llamarnos la atención es que “a partir de los últimos 40 años, las reformas constitucionales en cada sexenio se han ido disparando y cada vez más”.
Califica de incremento sistemático lo sucedido desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha.
Cada administración busca que la Constitución ahora se pinte de azul, ahora de rojo, ahora de guinda, algunos más, algunos menos, pero esa ha sido la dinámica. Y lo que vimos con el sexenio de Claudia Sheinbaum, el ritmo de reformas constitucionales, nunca se ha visto en la historia de México. Nunca”, describe.
Son cambios estructurales y sus consecuencias, prevé, se irán reflejando en las próximas décadas. “Y eso es lo preocupante que no se ha dimensionado”.
A juicio de Tito Garza Onofre, como es conocido en la comunidad jurídica, los efectos de ese cambio impactarán los próximos cuatro sexenios.
Plantea el profesor de derecho constitucional de El Colegio de México que lo mismo habrá de suceder con el mando militar de la Guardia Nacional, así como con la desaparición del entendimiento de temas como transparencia, competencia económica, regulación, en referencia a los extintos organismos constitucionales autónomos.
El modelo de Estado que se venía estado construyendo con avances, con retrocesos, con imperfecciones durante los últimos 30 años está por cambiar.
Como constitucionalista, sostengo que es algo nunca visto; es prácticamente otra Constitución”.
Expone que, en un mundo tan complejo e interrelacionado, con globalización y sistemas económicos tan entremezclados en la política, “la Constitución para poder hacer valer los derechos necesita instituciones y las instituciones no se construyen con un cambio constitucional”.
Digamos, explica, que tienes en la Constitución un derecho humano al internet de banda ancha, artículo 6. O tienes el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al agua. “Pero no por cambiar la Constitución significa que se van a generar cambios inmediatos en la realidad”, explica.
Considera que el discurso lopezobradorista es una retórica que sirvió para sortear la entrega de programas sociales e insistir en una continuidad entre la administración pasada y la actual.
Cuestiona que ese modelo se focalice en la figura del Ejecutivo, en contraposición a una etapa del país en la que se había buscado desarticular esa concentración de poder a través de una judicatura independiente, organismos constitucionales autónomos, legisladores plurinominales, entre otros factores.
Prevé Garza Onofre que llegará el momento que “nos vamos a dar cuenta que es una falacia, una ficción que no termina por cumplirse ni llegar a ese ideal que es la Constitución, que son los derechos para todos sin importar si seas de alguna raza, de alguna clase, de algún partido, de una ideología, porque la Constitución es el acuerdo mínimo entre todos los mexicanos y las mexicanas”.
Afirma que es preocupante que se convierta en una especie de propaganda, de programa político del partido en turno.
Es muy peligroso el entendimiento que le hemos dado a la Constitución recientemente. Porque en esta concentración de poder (en el Ejecutivo) al minar al Poder Judicial, lo que vimos con la sobrerrepresentación, es una lógica donde la Constitución sirve como una especie de fachada, un performance constitucional, porque la historia tarde que temprano nos muestra que un poder tan concentrado y tan unívoco no puede simple y sencillamente resistir cambios a lo largo del tiempo”.
Hay que entender que la Constitución no es de un color, por más que le pongan sellos y palabras; debe ser algo que trascienda a cualquier partido y régimen democráticamente electo”, concluye.
SON ENMIENDAS DE IMPACTO DIFERENCIADO
Diputado federal en la anterior Legislatura e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales que en julio y agosto de 2024 dejó listos los dictámenes de las reformas del plan C, Hamlet García Almaguer asegura que “el movimiento tenía dos opciones: ir por una nueva Constitución o el camino distinto de realizar una serie de cambios graduales que se dan a lo largo del sexenio del presidente López Obrador y en lo que va de la presidenta Sheinbaum”.
Explica que son reformas de impacto “diferido y diferenciado”.
Enfatiza que en salarios, pueblos indígenas y programa sociales “han ido más allá de los derechos que se tenían en la Constitución de 1917”, mientras en otros apartados como el energético se avanza hacia un país soberano.
Consejero nacional de Morena, celebra la recuperación del voto indirecto que, por la vía de los congresos locales, había con la Constitución Liberal de 1857.
Estamos retomando ese principio democrático y se ha logrado que se tenga un Poder Judicial más cercano al pueblo: he visto incluso a los jueces y magistrados más críticos de la reforma dar cuenta de su labor.
Ahora ya transmiten sus audiencias, cosa que nunca le informaban a nadie; emprenden programas, por ejemplo, una jueza federal del norte del país publicó, en su cuenta de X, un programa que se llama Juez en tu colonia, porque ella va y les explica qué está haciendo… Cuando el Poder Judicial pues estaba encumbrado, lejano, en una burbuja de lujos y de privilegios.
Entonces para mí, la idea del presidente López Obrador ya tuvo resultados: se limitan sus salarios, se acercan al pueblo, dan motivos de sus decisiones públicamente”, enumera.
Detalla García Almaguer que hasta ahora fueron promulgas 12 de las 17 iniciativas constitucionales del plan C que quedaron dictaminadas en 2024 y confía en que las cinco pendientes irán concretándose en el futuro.
Se refiere a las reformas planteadas por la presidenta Sheinbaum y que ya salieron adelante en materia de igualdad sustantiva y fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y ésta “con el consenso incluso de la oposición”.
Se trata, explica, de cambios muy profundos que aterrizan en un solo artículo como es el caso de las modificaciones en el sector energético y en el rubro de trenes.
Y en otros, por ejemplo, fue necesario abordar muchas disposiciones, como fue en el caso de la reforma al Poder Judicial de la Federación: el 99 por el Tribunal Electoral, el 105 en materia de medios de control constitucional, el 116 que regula cómo opera la judicatura en las entidades federativas”, ejemplifica.
Dice que la profundidad de los cambios va más allá del volumen de artículos reformados. Y habla de la reforma indígena, en la que “existe todo un tratado al interior del artículo segundo que puedes desdoblar en cerca de 10 vertientes y de cómo se tiene que desarrollar en la legislación secundaria: sobre territorio, recursos naturales, paridad de género, aspectos judiciales, administrativos, consulta, participación política; son aspectos que se desdoblarán en los próximos años y décadas también, porque es un cambio de rumbo en la Constitución”.
Otras, precisa, “son muy concretas, pequeñas, como protección animal o prisión preventiva oficiosa, que es nada más un catálogo de conductas.
Y hay otra”, continúa, “que sí tiene un impacto en el andamiaje del Estado que es la desaparición de los órganos autónomos, algunos desde mi perspectiva secundarios, porque los relevantes permanecen: INE, Inegi, Banco Central, CNDH”
En cuanto a la crítica de que este cúmulo de cambios implican una regresión que restaura el presidencialismo, el morenista argumenta que, “para algunos, la democracia consiste en crear feudos, castillos de privilegios, lujos y excesos como los tenían los órganos autónomos y el Poder Judicial Federal. Pero para otros, la democracia significa la participación directa del pueblo y como dice la Constitución, el constante mejoramiento del nivel de vida del pueblo”.
Y concluye: “Redistribuir los recursos, eso, también es democracia”.
POPULARIDAD, LIGADAS A RESPALDOS
La aprobación de la opinión pública de una reforma está muy ligada a la aprobación del gobierno en funciones, afirma Roy Campos, al ser cuestionado sobre la volatilidad del aprecio que han tenido los cambios a la Constitución.
Señala el encuestador que, en el caso de los cambios al Poder Judicial, no importa qué argumentos den unos y otros, pues su aval “termina por aterrizar en el hecho de que es la reforma que impulsa Morena, López Obrador, Claudia Sheinbaum o la 4T”.
Explica que el conocimiento del contenido de una reforma termina siendo de un grupo pequeño, muy politizado, “pero no del grueso de la población, que se guía más por la simpatía partidista, ideológica que por el conocimiento de los efectos”.
Asegura Roy Campos que ese criterio aplica hoy para la reforma al Infonavit como en su momento a todas las del plan C propuesto del expresidente López Obrador.
La correlación es tal, alerta, que, si se aprueba algo como disminución de plurinominales o de dinero para los partidos o el fin de la reelección, veríamos a la mayoría de los legisladores votando a favor, aun cuando se den un balazo en el pie.
Porque la popularidad te da la capacidad de reformar. Cuando preguntan ¿de qué te sirve la popularidad?, pues ser popular te da gobernabilidad y margen de maniobra para reformar”, afirmó Roy Campos.
Interrogado sobre mediciones en el sexenio antepasado que revelaron que las reformas educativa y energética eran altamente valoradas y la paradoja de que su eliminación en la Constitución resultó igualmente valorada, Roy Campos explica:
Efectivamente, el gobierno de Peña Nieto firmó el Pacto con México y, hasta el 1 de septiembre de 2014, fue muy exitoso en las reformas. El Pacto por México, ojo, fue firmado por más del 90% de los votos (recibido en las urnas en 2012) entre el PAN, PRI, PRD. Significaba para muchos el fin de un período de pleito permanente entre los partidos y lo importante era que estaba el PRD presente”.
Reseña que el PRD era el partido donde López Obrador había participado en la elección. “Y la firma fue aplaudida sin conocer el contenido de para qué querían el Pacto, sino porque que se acaban los pleitos. Ésa era la señal. Después cuando fueron caminando las reformas, también fueron bien comunicadas”.
Aunque la gente no entendía el contenido de las iniciativas, sostiene Campos, la reforma educativa fue vendida como el fin del poder del sindicato, que tiene una mala imagen y el incremento de la calidad de la educación. “Eran dos temas que difícilmente la gente estaba en desacuerdo. Los opositores eran los sindicatos”. Mientras la energética, describe, se comunicó como un avance en el mundo.
Detalla que, concluidas una docena de reformas en tan solo dos años, de septiembre de 2012 a ese mismo mes en 2014, se habló del inicio de cosechar sus frutos.
Ese dicho se quedó en la nada, porque días después pasó primero un huracán en Baja California Sur y luego el caso Ayotzinapa y cambió totalmente la agenda. Luego se dio lo de la Casa Blanca y empezó la debacle”.
Y, después, prosigue el fundador y director de Consulta Mitofsky, “ya tuvimos otro presidente con otra popularidad y con otra credibilidad”.
Reseña Roy Campos otros casos como la reforma que dio paso a la reelección de diputados, senadores y alcaldes, en la que no hubo oposición. “Aun cuando habíamos sido educados en la no reelección como principio básico de la democracia, se aprobó sin mucha queja”.
En cuanto a las reformas electorales, sostiene que normalmente se hicieron a solicitud de los perdedores y como concesión de los ganadores. “Tampoco había mucho escándalo, salvo aquella del 2007 en donde vimos a los empresarios de radio y televisión quejarse ante el Tribunal”, dice en alusión al decreto que prohibió la contratación de espacios en los medios al trasladarle al IFE la facultad de distribuir los tiempos del Estado para fines de promoción electoral, regulando además los comentarios que se hicieran en medios electrónicos.
