Mientras el tiempo se consume y con ello se acerca cada vez más el uno de junio, la fecha en que los tamaulipecos y los mexicanos en general deberemos ir a las urnas para, por primera vez en la historia del país elegir por voto popular a los impartidores de justicia, estatales y federales, las dudas ciudadanas sobre la forma en que se desarrollará la elección se siguen acumulando.
¿Se instalarán casillas o mesas de recepción del voto? ¿Cuántas casillas o mesas serán instaladas? ¿Cómo le harán para agilizar la votación y que los electores no pasen tanto tiempo en una fila y con ello se genere desánimo y abstencionismo? ¿Habrá una sola megaboleta electoral o ante tantos candidatos tendrán que diseñar un cuadernillo? ¿Qué si y qué no podrán hacer en su actividad proselitista los candidatos y candidatas?
En realidad esas son apenas algunas interrogantes de muchas que nos hacemos los ciudadanos, y sobre la que ni los mismos funcionarios electorales tienen respuestas porque también ellos las ignoran.
La situación se agrava porque el presupuesto que recibieron para organizar y realizar la elección, tanto el Ietam en el estado, como el INE en lo federal, es totalmente insuficiente.
Los consejeros locales y los responsables de la instancia federal se han cansado de exponer la situación al gobierno y a los congresistas, pero solo han encontrado evasivas y negativas, con una simple y sencilla respuesta de: “con eso les alcanza”.
Bajo esas condiciones, no es mentira decir que cuando faltan menos de 4 meses para la jornada electoral, la elección judicial no tiene pies ni cabeza. Y cuando algo así sucede el fracaso esta garantizado.
Ojalá y que pronto el gobierno y los árbitros electorales se sienten a la mesa a discutir con seriedad la situación, para encontrar una ruta que les permita sacar adelante la elección de juzgadores con un mínimo de credibilidad.
Y sobre todo con un buen porcentaje de votantes, porque los pronósticos de asistencia a las urnas no resultan muy alentadores.
Nosotros, como muchos mexicanos, seguimos convencidos de que, elegir por voto popular a los impartidores de justicia es un despropósito y un absurdo, porque en lugar de mejorar o eficientar el sistema de justicia lo va a empeorar.
Pero ante lo inevitable, lo menos que podemos esperar es que haya una buena organización de la elección.
EL RESTO.
Las principales ciudades de Tamaulipas están colapsando por el acelerado crecimiento de su parque vehicular, como consecuencia del decreto gubernamental para legalizar vehículos “chocolates”.
Cuando se autorizó la nacionalización de los vehículos de procedencia extranjera que tienen “inundado” el país, se argumentó que se buscaban dos objetivos: uno, legalizar el patrimonio de las familias que presuntamente no tienen posibilidades de comprar un vehículo mexicano; y dos, tener identificados a ese tipo de vehículos y evitar que sigan usándose para cometer delitos.
El problema es que nada de eso se ha resuelto porque cada día ingresan más vehículos de contrabando de los que se nacionalizan, y con ello se está saturando las vialidades de las principales urbes.
Por eso, el alarmante aumento de accidentes automovilísticos.
Eso ocurre cuando las decisiones gubernamentales se toman a la ligera y con propósitos políticos, en busca de clientela electoral.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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