Ciudad de México.- Casi dos centenares de centros y clínicas de rehabilitación y prevención contra las adicciones están registrados en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), otros 100 “están en proceso de obtener registro” y un número indeterminado opera en total ilegalidad.
Precisamente esa cifra negra es una de las que más preocupa a especialistas y autoridades del sector del combate a las adicciones, pues estos sitios carecen de regulación y supervisión de su personal e instalaciones.
Sí tenemos conocimiento de que hay muchos centros de que operan en la ilegalidad (…) y por ello estamos trabajando para eficientar el modelo de regulación”, reconoció en entrevista Amaya Ordorika Ímaz, directora general del IAPA, organismo descentralizado encargado de la regulación de los centros de adicciones, de los cuales hay 198 registrados.
Se ha detectado, por reportes ciudadanos anónimos, centros que operan en la clandestinidad”.
MALOS TRATOS, FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZDO…
En tales sitios se comenten diversas irregularidades, como falta de personal especializado, de medidas de protección civil y de instalaciones adecuadas.
Sin embargo, el mayor número de denuncias, de acuerdo con la autoridad, responde a malos tratos hacia los internos, ya que muchos de esos sitios operan como centros de internamiento.
Principalmente (denuncias de) maltrato ejercido contra la persona que está ingresada; las obtenemos tanto por denuncias anónimas como por visitas que nosotros hacemos para notificar que la operación esté al día”, agregó.
El lunes pasado, un incendio dejó como saldo cinco muertos y seis lesionados, dos graves, así como ocho detenidos en un centro de rehabilitación ubicado en el pueblo de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan.
La alcaldesa, Gabriela Osorio, reconoció que Hombres Preparados, Mujeres Preparadas A.C. operaba de manera ilegal y que buscarían más centros en similares condiciones dentro de la demarcación.
Una de las líneas de investigación es un motín llevado a cabo por los internos.
Al operar en la clandestinidad, centros como el de Topilejo ponen en riesgo de muerte a los internos, señaló Víctor Sánchez, especialista certificado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presidente fundador de la asociación civil Vencer, AC.
“En ocasiones, estos sitios funcionan como cárcel (…). Ha habido asesinatos, sacan los cuerpos y le pueden decir a la familia que se les escapó el interno. En casos más ligeros, los bañan con agua fría, los obligan a acostarse en barras de hielo, los encierran en cuartos y luego les avientan chile en polvo”, detalló.
En la tragedia de Tlalpan, el sitio tenía techo de lámina de plástico, lo que aceleró el incendio que habría empezado en uno de los dormitorios.
De acuerdo con videos dados a conocer por Nacho Lozano en Imagen Televisión, el incendio inició por lo menos media hora antes de que sacaran del centro los primeros cuerpos de las víctimas.
Puede ser que no hayan podido controlar el fuego y, segundo, que no pudieran abrirles a los que estaban encerrados en el cuarto”, afirmó Sánchez.
La directora general del IAPA llamó a no especular y a esperar los resultados periciales que arroje la investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Ordorika Ímaz confirmó que ya se tiene comunicación con las autoridades de Tlalpan, para “iniciar el levantamiento de un censo de los centros de rehabilitación no regulados y que operan en la alcaldía”, como adelantó este diario.
SE OFERTAN EN BARDAS Y EN LÍNEA
Por toda la ciudad se ofertan terapias e internamientos en estos centros con pintas en bardas, carteles y lonas. También en plataformas digitales.
En un ejercicio realizado por este diario, encargados de este tipo de sitios que fueron contactados señalaron que el costo de la rehabilitación puede alcanzar los 50 mil pesos.
En ocasiones a los internos se les trata con gritos “para que entiendan y enfrenten su proceso de recuperación”, señalaron.
Porque están en una situación difícil y tienen que enfrentar su enfermedad. Aunque no les pegamos; eso no”.
Víctor Sánchez dijo que no se puede “afirmar que el enfermo por alguna adicción se va a regenerar con malos tratos; de ninguna manera. De ser así, se está violando el principio básico del respeto a los derechos humanos”.
La directora del IAPA destacó que la regulación de estos centros prohíbe el internamiento involuntario y el aislamiento como medida de tratamiento.
No se le puede prohibir la comunicación o contacto con sus familiares, además de que tienen derecho a ser informados sobre el tratamiento al que serán sometidos”, detalló.
Para operar legalmente, estos establecimientos deben cumplir con regulaciones sanitarias y de seguridad que incluyen un aviso de funcionamiento ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Además del registro ante el IAPA, que exige manuales, programas de trabajo y acreditación de infraestructura.
También, dijo Ordorika Imaz, deben tener personal capacitado, con experiencia en tratamiento de adicciones, por lo que llamó a la ciudadanía “a no acudir a centros que no cuenten con su registro” y, por el contrario, denunciarlos.
