Ciudad de México.- Con la exclusión inédita de la comisión responsable del tema, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron las leyes que permitirán a los gobiernos federal y estatales asumir las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Durante la discusión, el senador panista Marko Cortés criticó que se haya retirado el derecho a solicitar información desde el anonimato, pues eso inhibe la presentación de solicitudes.
Van a vulnerar la privacidad de los datos, de los requisitos que se ponen para poder solicitar información. Anteriormente, cualquier ciudadano, sin ni siquiera poner sus datos personales para no exponerse a sí mismo o a su familia, podía solicitar información. Ahora lo que van a hacer es que a la gente le dé miedo solicitar información, por represalias, porque haya persecución, porque es un gobierno de corte dictatorial, que genera, obviamente, persecución”, expresó el legislador.
El morenista Emmanuel Reyes indicó que se eliminó el anonimato porque al expresidente Andrés Manuel López Obrador le pidieron hasta la marca de la ropa interior que usaba.
Y vergonzosamente, debo decir, que hay quien, desde la oposición, a través de solicitudes anónimas, consultaban de qué marca era la ropa interior del Presidente o cuánto le había costado el abrigo o los zapatos o cuánto había gastado de gasolina… lo que hoy la oposición está protegiendo son las prebendas, las canonjías, los privilegios de toda esta estructura que estaba o está debajo de estos supuestamente autónomos”, dijo el senador morenista.
Las nuevas leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública son iguales a las actuales en un 90%, pero entre los pocos cambios que tienen, ahora, en la era del gobierno como garante del derecho a la información y ya no un órgano autónomo, está la eliminación del numeral quinto de los artículos 91 de la Ley General y 83 de la Ley Federal.
Ese numeral, existente hasta el momento, dice que “el nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente (serán) para propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia”.
Pero las nuevas leyes no lo eliminan, lo cual implica que un ciudadano tendrá que identificarse plenamente para hacer solicitudes de información, pues en caso de que no le entreguen los datos o se los retrasen, sólo podrá impugnar si se identificó desde el inicio del proceso; de lo contrario, su solicitud quedará sin respuesta.
A decir de los senadores del PRI Rolando Zapata y Néstor Camarillo, existe una profunda incongruencia en el oficialismo, porque cuando el PRI era gobierno, lucharon por la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y por la existencia de un órgano colegiado que fuera el garante del derecho a la información de los ciudadanos.
Ésta es la primera vez que la Comisión Anticorrupción y Transparencia no dictaminó el tema, encabezada por MC, porque la Mesa Directiva decidió que sólo fueran comisiones presididas por Morena, que la aprobaron con 19 votos en favor y siete en contra.
REVISARÁN GESTIÓN DE COMISIONADOS
Pese a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai), los comisionados que encabezaban ese organismo deberán estar sujetos a la revisión de sus actividades, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.
La desaparición del instituto no exenta a los comisionados de la revisión por parte de la Secretaría Anticorrupción y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dijo Sheinbaum.
A los comisionados del Inai, el que ya se vayan no quiere decir que su gestión en 2023 y en 2024 no vaya a ser revisada, claro que va a ser revisada, como a cualquier servidor público”, puntualizó la Presidenta.
En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 de la ASF se hicieron observaciones al Inai por un monto de 8.3 millones de pesos, y se detectaron prácticas de nepotismo.
Dijo que, en caso de encontrarse irregularidades, la ley establece sanciones administrativas.
La titular del Ejecutivo dijo también que, ante la inminente elección en el Poder Judicial, hay jueces que dejarán sus cargos en agosto y que están agilizando la resolución de casos y otorgando amparos de forma excesiva.
