Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Quienes sean encontrados culpables por el delito de secuestro, ahora obtendrán hasta 20 años más de prisión, al pasar en el Congreso del Estado, el dictamen que incrementa la pena por este delito, pero además, fija una multa de hasta 339 mil pesos y sanciones adicionales para funcionarios públicos involucrados en este delito.
La aprobación de esta reforma, que propuso el Presidente de la Comisión de Seguridad Marco Antonio Gallegos Galván, pasó por unanimidad de los grupos parlamentarios en el pleno.
La reforma actualiza la legislación para combatir la extorsión en sus nuevas modalidades, incluyendo la extorsión virtual. También establece sanciones al cobro de cuotas por parte del crimen organizado.
Uno de los principales sustentos que motivó la aprobación, es que en Tamaulipas, el delito de extorsión se está presentado en contra de comerciantes, transportistas y ciudadanos con diferentes actividades.
De acuerdo a la reforma que hoy tiene el artículo 426 del Código Penal de Tamaulipas, la sanción penal parte de los 10 a 15 años de prisión y una multa de 500 a 3,000 veces el valor de la UMA.
Se destaca que el delito de extorsión cometido por servidores públicos o miembros de corporaciones de seguridad la pena se establece de 10 a 15 años de prisión, destitución del cargo e inhabilitación por el mismo tiempo que dure la condena.
Sin embargo, en los casos agravados, las penas irán de 8 a 20 años de prisión y multas de 288 a 720 veces la UMA.
Una de las figuras por casos agravados, serán cuando se genere el empleo de violencia física o moral contra la víctima. Extorsión a través de llamadas telefónicas, redes sociales, correos electrónicos o cualquier otro medio de comunicación digital.
Además de que el delito cometido por una persona menor de 18 años o en contra de menores, adultos mayores o personas con discapacidad. Extorsión contra comerciantes o transportistas. Uso de imágenes, mensajes o videos de contenido sexual íntimo para amenazar o manipular a la víctima. Y la obtención continuada de dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas ilegales.
