Lo que comenzó como una supuesta política de justicia social y seguridad pública, hoy es una pesada carga para estados como Tamaulipas.
El programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera —mejor conocidos como “chocolates”— ha terminado siendo un caballo de Troya que ha traído más problemas que soluciones.
Cuando en 2022 se aprobó el decreto correspondiente, se aseguró que la medida tenía tres grandes objetivos: incorporar al orden legal a miles de unidades que circulaban de forma irregular; reducir su uso en actividades delictivas; y ofrecer una alternativa económica a las familias con menos recursos. La narrativa era perfecta. El resultado, sin embargo, ha sido desastroso.
Lejos de detener la importación ilegal de vehículos, el decreto la incentivó. El bajo costo para “nacionalizar” estas unidades provocó una oleada de contrabando automotriz, saturando las calles de las principales ciudades tamaulipecas.
El parque vehicular creció a un ritmo desproporcionado, muy por encima de la capacidad de las vialidades, los sistemas de tránsito y la planeación urbana.
Las consecuencias ya están a la vista. El número de accidentes automovilísticos ha aumentado de forma preocupante. Las cifras de hechos viales —muchos de ellos trágicos— se han disparado, y no es casualidad: la mayoría de estos vehículos irregulares no cuenta con condiciones óptimas de seguridad ni con seguros de responsabilidad civil.
Según cifras oficiales del Registro Público Vehicular (REPUVE), hasta enero de 2024 se habían regularizado en el país más de 1.9 millones de vehículos extranjeros, de los cuales casi 250 mil corresponden solo a Tamaulipas, uno de los cinco estados con mayor número de unidades legalizadas. Pero esa cifra solo refleja una parte del problema: se estima que por cada auto regularizado, al menos otro ingresó ilegalmente, generando un mercado negro que crece sin control.
La saturación vehicular no solo afecta la movilidad y eleva los accidentes; también representa un desafío ambiental y fiscal. Muchos de estos vehículos —con más de 15 o 20 años de antigüedad— no cumplen con normas de emisiones ni contribuyen adecuadamente a los ingresos locales por tenencia o control vehicular. Es decir, usan la infraestructura pública sin aportar al mantenimiento del sistema.
En lugar de ordenar, el decreto desplazó al sector formal y golpeó la industria automotriz nacional y local.
Más grave aún: el gobierno federal ha decidido extender el decreto hasta septiembre de 2026, lo que amenaza con agravar aún más un problema que ya se salió de control. En Tamaulipas, la factura de este populismo vehicular la están pagando los ciudadanos con más tráfico, más accidentes y menos seguridad.
El decreto “chocolate” no ordenó el caos: lo multiplicó. Sirvió, eso sí, para ganar aplausos y votos. Pero como suele ocurrir con las medidas cortoplacistas, el precio que ahora se paga es demasiado alto.
La verdad, que mal.
ASI ANDAN LAS COSAS
