Ciudad de México.- Los 19 institutos electorales locales que tendrán que organizar elecciones del poder judicial local este año solicitaron a sus entidades ampliaciones presupuestales que suman tres mil 733.5 millones de pesos, de los cuales 11 gobiernos han entregado ya alguna cantidad a estos institutos y los ocho restantes quedan pendientes de aprobación o de entrega.
Estos 11 gobiernos han entregado dos mil 105.6 millones de la ampliación presupuestal aprobada, o sea 56.3% de lo solicitado por los 19 institutos locales, a menos de 70 días de los comicios.
A los 11 estados a los que ya les entregaron recursos adicionales al gasto ordinario de sus institutos locales son: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, según el reporte mensual del INE, de la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) por entidad.
Hasta el pasado 18 de marzo, las entidades pendientes de tener respuesta y/o primer depósito de recursos son: Ciudad de México, Coahuila, Durango, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.
Las entidades que lograron la aprobación de 100% de lo que solicitaron son los institutos electorales de Chihuahua (328 mdp), Sonora (200.2 mdp), Estado de México (941.3 mdp) y con un mínimo recorte de 4.7 millones, Tlaxcala, a quien ya le entregaron 75 millones de pesos.
Por otra parte, las entidades que han recibido muy poco de lo solicitado para elecciones judiciales son: Colima, que solicitó 48.8 millones y le han entregado 11 millones; Nayarit pidió 115.6 millones y ha recibido 30 millones, mientras a San Luis Potosí ya se le entregó 34.6 millones de 135.8 que solicitó, y Zacatecas ya tiene 45 millones de los 145.9 que solicitó.
Hay que recordar que, por órdenes del Tribunal Electoral, se incluyeron del último momento a Nayarit y Yucatán dentro de las entidades que organizarán elecciones judiciales locales este año.
LAS ENTIDADES EN RIESGO
En el informe se considera que las entidades de Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Yucatán están en alto riesgo por falta de recursos para su gasto ordinario.
Por ejemplo, Colima, con un recorte presupuestal de más de 68%, solicitó dos partidas de ampliación presupuestal, la primera por 48.1 millones de pesos, y la segunda por 700 mil pesos de ampliación para poder contratar a los supervisores y capacitadores electorales locales que coadyuvarán en la organización de su elección judicial, pero como no obtuvo respuesta para la segunda, tuvo que pedir que se le adelantara su ministración de noviembre para febrero a fin de cubrir sus gastos.
Zacatecas tiene su “operatividad comprometida”, hoy que sólo tiene recursos para pagar sueldos y salarios hasta junio y materiales, suministros y servicios generales para abril, pues se le aplicó un recorte de 65.9% de lo solicitado como presupuesto.
Esta entidad, la única que le adeuda 5.9 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) por las casillas de las elecciones 2021 y 2024, ya avisó al Instituto que la Secretaría de Finanzas del estado le notificó que no existen recursos para cubrir este adeudo mediante una ampliación presupuestal.
Zacatecas solicitó 145 millones para la elección judicial, adicionales a su gasto ordinario, sólo se le otorgaron 45 millones, que ya se gastó en contratación de capacitadores, instalación de los consejos municipales y sólo un anticipo para documentación electoral.
Este OPLE ha informado a la entidad que necesita 28 millones de pesos más para cubrir el total de los gastos de la impresión de boletas y otros documentos electorales.
San Luis Potosí ya apalabró 110 millones de pesos para la elección judicial, pero en su gasto ordinario tiene un adeudo de 16.6 millones, de los cuales 2.9 millones corresponden al pago de la segunda quincena de febrero, a su personal, y 13.7 millones a los partidos políticos por financiamiento público.
Nayarit, quien apenas fue admitido, por el INE, para organizar la elección con casilla única, el pasado 20 de febrero, solicitó 115 millones de pesos, pero sólo se le otorgarán 30 millones para la elección judicial por lo que “se considera esta entidad en alto riesgo, en primer término, por la premura con la que tendrá que organizar el proceso electoral y sumarse a las actividades de coordinación con el INE y, en segundo lugar, porque la ampliación autorizada representa una cuarta parte de los recursos necesarios”.
Por último, Yucatán fue admitido por el INE el pasado 11 de marzo y es importante subrayar que debe al INE 1.8 millones de pesos por casillas de 2024.
Si bien, este OPLE había mantenido riesgo medio en los meses anteriores, las elecciones del Poder Judicial local, que no tenía contemplado realizar, implican costos adicionales no previstos inicialmente, que complejizan el panorama presupuestal del instituto, por lo que se considera que su riesgo es alto”, comenta el informe del INE.
En esta ocasión, el INE tampoco cuenta con recursos para prestar dinero a los OPLE, por el recorte que sufrió en su presupuesto de 13 mil millones de pesos.
