La protección que Morena, PVEM y PRI ofrecieron a Cuauhtémoc Blanco, al desechar la solicitud de desafuero para que enfrentara un proceso penal por tentativa de violación en agravio de su media hermana, confirma lo que desde este espacio hemos sostenido con firmeza: el fuero constitucional, tal como está diseñado y operado, no es más que una licencia institucionalizada para la impunidad.
Es inaceptable que el poder público siga usándose como un refugio para eludir la ley. Cuando un Congreso decide no permitir que un legislador o funcionario sea juzgado, no está ejerciendo una facultad jurídica legítima, sino torciendo el sentido del Estado de Derecho.
En este caso, además, se trata de una acusación de violencia sexual: un delito que, en cualquier sociedad con aspiraciones democráticas, debería ser atendido con toda la severidad que la justicia permite.
La incongruencia es brutal. ¿No fueron estos mismos partidos los que en campaña hicieron bandera de la defensa de las mujeres? ¿No era éste el gobierno del “ya no más privilegios”? Las respuestas están ahí, enterradas bajo el cálculo político y la protección de los suyos.
Hoy queda claro que el discurso de género es apenas un recurso para el marketing político. Cuando toca aplicarlo contra uno de los aliados del poder, se desactiva. La víctima deja de importar. La credibilidad del sistema de justicia también. Y en su lugar queda la conveniencia partidista, el blindaje del grupo, el silencio cómplice.
Este caso no es una excepción. Es parte de un patrón. El fuero se ha convertido en una herramienta de selectividad jurídica: se protege al aliado, se castiga al adversario. Se blinda al funcionario, se expone al ciudadano común. En México, el acceso a la justicia sigue dependiendo de quién eres, a quién conoces o a qué partido perteneces.
Por eso es urgente replantear el sentido del fuero. O se elimina de manera definitiva, o se acota con precisión quirúrgica para que sólo cubra actos directamente relacionados con la función pública. No hay justificación alguna para que un legislador acusado de violación, de homicidio o de corrupción, continúe protegido bajo una figura que fue concebida para evitar persecuciones políticas, no para encubrir delitos comunes.
La persistencia del fuero como escudo penal representa un agravio permanente contra las víctimas y una burla para la ciudadanía. No se puede construir confianza en las instituciones mientras se mantengan privilegios que sólo benefician a una élite política desconectada de la realidad del país. Cada vez que el Congreso desecha un desafuero, lo que realmente hace es negarle justicia a una persona que exige ser escuchada.
Cuidado. Porque la gente se cansa. Porque el abuso repetido de las estructuras de poder termina por romper el equilibrio social. Y cuando eso ocurre, la respuesta ya no se da en los tribunales ni en los curules, sino en las calles.
EL RESTO.
REGIDORA VIRTUAL.- A propósito de impunidades, en el Cabildo de Reynosa existe un ejemplo de cómo puede torcerse la ley sin consecuencias.
El de la regidora, Karla Luna González, es un caso para el análisis. Desde que asumió el cargo, solamente ha acudido a sesionar de forma presencial una sola vez. Desde entonces ha participado en las sesiones de manera virtual, desde Texas.
¿La razón? Nunca la ha explicado, aunque se sabe que como está en trámite de obtener su residencia en Estados Unidos no puede salir de ese país. Presuntamente por eso no acude a las sesiones presenciales.
Obviamente se trata de una ilegalidad que, sin embargo, a nadie parece importarle.
O quizás nadie quiere intervenir, porque doña Karla es sobrina política del fallecido Sergio Carmona, al que llamaban el Rey del Huachicol.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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