Este 30 de marzo inició la cuenta regresiva hacia una elección judicial tan inédita como absurda. Por primera vez en la historia moderna, los mexicanos iremos a las urnas a votar por jueces, magistrados y ministros. Y en Tamaulipas, donde los comicios serán concurrentes, ese experimento alcanza niveles de desconcierto mayúsculo.
Los ciudadanos tamaulipecos elegiremos a 147 nuevos juzgadores estatales y a 881 federales. Para ello, competirán más de 3 mil 400 candidatos a nivel nacional y más de 300 en la esfera local. La cifra abruma. Pero más inquietante que los números es la falta de claridad sobre qué, cómo y para qué votaremos.
A menos de tres meses de la jornada electoral, ni los propios aspirantes tienen certeza del terreno que pisan. Las reglas son vagas, las restricciones abundan y las condiciones para una contienda democrática, equitativa e informada, simplemente no existen.
La elección judicial es, en esencia, una simulación. Una fantasía impuesta desde el poder por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que creyó –o quiso hacernos creer– que el problema de la justicia mexicana se resuelve sustituyendo rostros, no reformando estructuras.
La premisa del gobierno es tan simple como peligrosa: que al renovar al Poder Judicial, colocando a nuevos jueces mediante el voto ciudadano, se erradicará la corrupción y llegará, por fin, la tan anhelada justicia. Pero eso no es más que una ilusión populista. El sistema no se limpia con boletas, se transforma con visión, acuerdos y voluntad institucional.
Tamaulipas lo sabe bien. Aquí hemos visto cómo la justicia puede ser ciega, pero no imparcial; cómo se doblega ante intereses políticos o económicos. Cambiar los nombres de quienes imparten justicia no resolverá sus viejas prácticas, ni sus vicios enquistados. Mucho menos, garantizará independencia judicial.
Y lo más grave: este experimento judicial le costará al país una fortuna. Miles de millones de pesos en promoción, logística y operación electoral que, al final, podrían ser dinero tirado a la basura. Recursos que podrían destinarse a fortalecer tribunales, capacitar personal, modernizar procesos o brindar defensa pública de calidad.
Lo que se necesita no es una elección, sino una auténtica reforma judicial. Una que se construya desde el consenso, no desde el capricho. Que convoque a todos los actores del sistema –legisladores, jueces, abogados, académicos y sociedad civil– a un rediseño profundo que responda a los verdaderos desafíos de impartir justicia en México.
Todo lo demás, incluyendo esta elección, es una cortina de humo. Un juego peligroso que pone en riesgo la estabilidad de uno de los tres poderes del Estado. Y, sobre todo, que juega con la esperanza de millones que aún creen que la justicia es posible.
EL RESTO.
HAY QUE DECIRLO.- Pocos lo han dicho, pero hay que reconocerlo: el gobernador, Américo Villarreal Anaya, ha mostrado disposición para atender personalmente las emergencias que afectan a los tamaulipecos. En tiempos donde muchos líderes se esconden tras escritorios, su presencia directa marca diferencia.
El pasado 15 de marzo, cuando varios incendios —sospechosamente simultáneos— azotaron municipios del centro del estado, especialmente El Mante, el mandatario acudió a la zona para coordinar acciones y escuchar a los afectados. Esta semana, hizo lo mismo en Reynosa, tras la fuerte tormenta que afectó a cientos de familias.
Es cierto, atender emergencias es una obligación de cualquier gobernador. Pero no todos lo hacen. Y cuando alguien cumple con ese deber, incluso en lo más crítico, también merece que se diga.
ASI ANDAN LAS COSAS.
[email protected]
