Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con más de 3 mil asesorías, de marzo de 2024 a febrero de 2025, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, ha fortalecido la promoción y protección de los derechos laborales a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Estas acciones son
bajo el humanismo que caracteriza al gobierno de la Cuarta Transformación, que dirige el gobernador Américo Villarreal Anaya.
Luis Gerardo Illoldi Reyes, titular de la dependencia, indicó que a través del gobierno humanista de Américo Villarreal Anaya, se han brindado 3 mil 331 asesorías en material laboral a trabajadores de los 43 municipios
Durante el periodo mencionado, el secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, indicó que se brindaron un total de 3 mil 331 asesorías en materia laboral, orientadas en los 43 municipios. Respetando los principios de equidad de género, fueron asesorados un total de mil 915 hombres y mil 416 mujeres, quienes se beneficiaron directamente de estas acciones, las cuales se enmarcaron en el Programa de Conciliación y Arbitraje Laboral. Este esfuerzo refleja la labor del gobierno por garantizar una atención jurídica accesible, pero sobre todo de calidad, facilitando el acceso a la justicia laboral.
Asimismo, explicó que con el fin de proporcionar una defensa más sólida de los derechos laborales, se otorgaron 80 representaciones jurídicas a trabajadores, trabajadoras y sus beneficiarios, mediante las oficinas auxiliares de la Procuraduría. Estas representaciones fueron fundamentales para fortalecer la defensa legal de los derechos laborales, con un impacto directo en la recuperación de 6 millones 231 mil 104 pesos, los cuales fueron restituidos a los trabajadores en forma de prestaciones y finiquitos.
El funcionario estatal, señaló que el Gobierno de la Transformación refuerza su enfoque en la justicia laboral, ofreciendo soluciones rápidas y efectivas para los conflictos laborales. La implementación de estos servicios ha permitido crear un entorno más justo para las y los trabajadores, favoreciendo la resolución de disputas laborales y fortaleciendo la seguridad jurídica en el Estado.
