Ciudad de México.- El Senado se alista a aprobar una reforma que aumenta la severidad en la lucha contra el lavado de dinero, porque incluye actividades que realizan la clase media, pues la escrituración de casas con un valor mínimo de 905 mil pesos y la constitución de empresas con capital de al menos 452 mil pesos ingresan al área de las actividades vulnerables de ser usadas por criminales y terroristas para lavar dinero.
La Comisión de Justicia del Senado tiene listo el proyecto de dictamen de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el que modifica los parámetros económicos para considerar que una actividad que implica dinero será considerada vulnerable.
Los notarios públicos, dice la ley vigente, deberán estar atentos a la “transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyen a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.
“Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal”.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos dice que el salario mínimo en 2025 está en 278.80 pesos. Así, la escrituración de una casa se reporta actualmente cuando cuesta cuatro millones 460 mil 800 pesos.
El Senado se alista a aprobar el texto que dice que la escrituración “será objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral, el valor comercial del inmueble o, en su caso, el monto garantizado por suerte principal, el que resulte más alto, sea igual o superior al equivalente a ocho mil veces el valor diario de la UMA.
El Inegi dice que la UMA en 2025 tiene un valor diario de 113.14 pesos. Así, la escrituración deberá reportarse a las autoridades cuando la casa o la transacción tengan un valor de 905mil 120 pesos.
Para la constitución de empresas, el monto mínimo a partir del cual se debe considerar vulnerable de ser usado para el lavado de dinero pasa de ocho mil 25 días de salario mínimo, equivalente este año a dos millones 237 mil 370 pesos a cuatro mil UMA; es decir, 452 mil 560 pesos.
La creación de fideicomisos pasa de ocho mil 25 salarios mínimos, es decir, dos millones 237 mil 370 pesos a cuatro mil UMA; esto es 452 mil 560 pesos.
Pero aún sin modificar los parámetros de las candidades mínimas de alguna transacción, el solo cambio de salarios mínimos a la UMA hace que la ley sea más estricta.
Por ejemplo, la construcción de inmuebles pasa de ocho mil 25 salarios mínimos, que equivalen a dos millones 237 mil 370 pesos, a ocho mil 25 UMA, que implican 907 mil 948.5 pesos.
La reforma ordena que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coadyuvará “con otras áreas competentes de la Fiscalía, en el desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento. y medir su riesgo regional y sectorial;”.
Dispone además que en el delito de lavado de dinero, en el “que se utilizan servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tendrá el carácter de víctima u ofendida.
“Cuando, derivado de sus actividades de investigación, el Ministerio Público de la Federación advierta la posible comisión de un delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, deberá notificar de inmediato y por escrito, adjuntando las constancias correspondientes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que resuelva lo procedente.
