Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue notificado por Nacional Financiera (Nafin) sobre la transferencia de recursos de los fideicomisos que el Consejo había encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito.
A través de un comunicado, el CJF dijo que, a pesar de ser el fideicomitente y de las cláusulas del contrato, no fue consultado previamente ni dio instrucciones a Nafin para la transferencia de los más de 10 mil millones de pesos correspondientes a los fideicomisos del Poder Judicial Federal a las cuentas de la Tesorería de la Federación.
Por lo tanto, el CJF señaló que está tomando medidas de conciliación y evaluando su estrategia para proceder legalmente. “El CJF ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente”, se lee en el comunicado.
Añadió que, conforme a lo establecido en los transitorios Décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política mexicana, en materia de reforma al Poder Judicial, y Vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “las y los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electos serán acreedoras a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados”.
EXIGEN PAGOS
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación exigió al CJF el pago inmediato a juzgadores que decidieron no participar en la elección judicial.
La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación, señaló en un oficio que “la indemnización correspondiente debió haberse cubierto a las personas juzgadoras que ya se separaron del ejercicio de la función, a más tardar en el mes de diciembre del año 2024”.
Exigió cumplir con el pago de manera inmediata para quienes ya han dejado el cargo y a más tardar el último día de funciones para quienes serán sustituidos por la elección judicial. Dijo que esta acción no debe depender de la disponibilidad de recursos, al ser una obligación constitucional que debió considerarse durante la implementación de la reforma.
