Ciudad de México. Movimiento Ciudadano, PRD Tabasco y dos ciudadanos impugnaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado, presidida por el morenista Adán Augusto López Hernández, por la elección de 10 magistrados electorales estatales en CDMX, Tabasco, Oaxaca, Tlaxcala, Colima y Baja California Sur, al no cumplir con los requisitos de elegibilidad, al tratarse de reelecciones no permitidas y por violar los acuerdos del propio Senado en materia de paridad de género.
Desde el 15 de abril, el Senado fue notificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que fueron presentadas estas impugnaciones, que se suman a las que fueron interpuestas contra la Comisión de Justicia, que preside el morenista Javier Corral y contra la Mesa Directiva, en contra de todo el proceso de elección de los magistrados electorales estatales, así como otra que interpuso un ciudadano en contra de los 32 finalistas para el tribunal electoral de Guerrero, dado que no cumplieron con los requisitos de ley para ser considerados elegibles e idóneos.
La designación de magistraturas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, realizada por la autoridad responsable (Junta de Coordinación Política del Senado) contraviene los principios de igualdad, paridad y alternancia de género mayoritario, así como lo establecido en los artículos 106, numeral uno; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 171 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México”, dice la queja presentada por Movimiento Ciudadano.
Muestra un histórico de la integración de ese Tribunal, hasta que quedó con un solo integrante: Armando Ambriz Hernández, dada la omisión del propio Senado para nombrar a tiempo a los cuatro integrantes que faltaban y cuyas vacantes fueron ocupadas por ministerio de ley.
INTEGRACIÓN TOTAL DEL TRIBUNAL QUEDÓ NUEVAMENTE CON MAYORÍA DE HOMBRES
Explica que el Senado violó la Constitución al nombrar a dos hombres (José Jesús Hernández Rodríguez y Osiris Vázquez Rangel) y a dos mujeres (Laura Patricia Jiménez Castillo y Karina Salgado Lunar), porque la integración total del Tribunal quedó nuevamente con mayoría de hombres, al sumar tres por dos mujeres, cuando el principio de paridad y alternancia de género, consagrados en la Carta Magna, ordenaba que la mayoría correspondiera a mujeres; es decir, el Senado debió nombrar a un hombre y a tres mujeres, para que el pleno quedara en dos hombres y tres mujeres.
MC también impugna que el Senado no observara las leyes estatales para la integración de los tribunales electorales de Baja California Sur y de Colima, que expresamente dicen que sus magistrados durarán únicamente siete años en el cargo, sin posibilidad a ratificación y en los casos de Carlos Eduardo Vergara Monroy, de Baja California Sur y de Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, de Colima, ya eran magistrados y fueron ratificados por un periodo igual al que ya estaban en cumplimiento.
Por su parte, el PRD de Tabasco impugnó a Oswald Lara Borges, porque no cumplió con los requisitos legales para acceder al cargo, dado que no pudo comprobar la residencia en el estado y no presentó la certificación de su título como licenciado en derecho, con antigüedad de 10 años, pero, además, es conocida su filia con militantes de Morena, lo que rompe con la imparcialidad que se necesita en un cargo así.
En tanto, una ciudadana, que pidió no hacer pública su identidad, impugnó el nombramiento de Sandra Pérez Cruz y de Gloria Ángeles Cruz López, porque no cumplen con el perfil de imparcialidad ni califican en tareas de impartición de justicia electoral.
Dulce María Angulo impugnó la designación de Esther Terova Corte como magistrada del tribunal electoral de Tlaxcala, porque no tiene experiencia en materia electoral, dado que su trayectoria ha sido de tipo penal.
Las notificaciones de estas impugnaciones fueron enviadas al Senado, junto con la interpuesta por Pedro Zaleta, por la omisión de los senadores para convocar a la elección de magistraturas electorales de Tamaulipas; de César Salgado, en contra de la lista de 32 finalistas para las magistraturas electorales de Guerrero; de Alfredo Saucedo en contra de la inclusión de candidatos no idóneos e inelegibles para el tribunal electoral de Yucatán y de Francisco Camacho, quien impugnó todo el proceso realizado por el Senado.
