El Instituto Nacional Electoral (INE) implementará un “modelo de riesgo” para detectar candidatos con presuntos nexos criminales en las elecciones judiciales.
Este modelo revisará ingresos y gastos de campaña para identificar irregularidades y posibles vínculos con el crimen organizado.
Se trata de revisar ingresos y gastos. El modelo analizará la ruta del dinero para detectar posibles irregularidades en la financiación de campañas.
También se considerarán órdenes de aprehensión vigentes, sentencias firmes por delitos graves o adeudos alimentarios para determinar la elegibilidad de los candidatos.
Sin embargo existen limitaciones, por el INE solo actuará con base en pruebas concretas y resoluciones judiciales, sin investigar presuntos nexos criminales sin sustento jurídico.
Una vez que sea aclarado lo anterior, el INE podrá anular candidaturas o triunfos si se comprueba que el candidato tiene vínculos con actividades criminales.
Los resultados de las investigaciones se aprobarán el 30 de mayo, un día antes de la elección.
Al respecto, partidos de oposición han instado al INE a fortalecer las medidas de seguridad en el proceso electoral y revisar que las candidaturas no tengan vínculos con grupos criminales.
Pero al mismo tiempo, se busca que desde el Senado, se impugne ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a cerca de 20 aspirantes a cargos judiciales que, según sus declaraciones, “arrastran reputaciones manchadas”
La presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, anunció que ante sospechas de irregularidades en la materia, se dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Esto implica que el INE tomará medidas para investigar y sancionar posibles delitos electorales, garantizando la transparencia y legalidad en el proceso electoral.
“Son vías distintas, la 8 de 8 contra la violencia, los dos supuestos que adicionamos ahora en este procedimiento, más la revisión que haremos desde fiscalización con un modelo de riesgos para, digamos, tener claridad de cuáles son las candidaturas que en su caso pueden generar mayores riesgos para, por ejemplo, la injerencia del crimen organizado en este proceso electoral”, comentó Humphrey.
Para mí la ruta es la que hemos seguido con la “8 de 8” (contra las formas de violencia) y la ruta que está planteada es que si nosotros encontramos de esos hallazgos tenemos los documentos necesarios para garantizar que alguna candidatura no cumple con los requisitos de elegibilidad, se vendrá aquí con un proyecto de resolución para retirar candidaturas a quienes se traen esos supuestos. Eso es lo que hemos hecho en otros casos. Este es un proceso electoral igual que otro y eso es lo que nos corresponde hacer como autoridades electorales”.
Se salió de control
Ley de Telecomunicaciones
El artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones ha generado controversia debido a su posible impacto en la libertad de expresión y la censura en plataformas digitales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que está dispuesta a proponer al Poder Legislativo, modificar o eliminar este artículo tras las acusaciones de “censura” por parte de la oposición.
Este Artículo, otorgaba facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para vigilar el cumplimiento legal de plataformas digitales. La redacción del artículo causó “malinterpretaciones” y Sheinbaum busca aclarar o eliminar su contenido.
La reacción de la oposición ha sido feroz, pero igual de muchos analistas que han calificado la medida como “autoritarismo digital” que pone en riesgo la libertad de expresión.
Sheinbaum descartó que la iniciativa deba aprobarse de urgencia y propuso ampliar el debate en el Senado, lo ciual así va ser, porque ayer mismo se confirmó que el Senado entrará en una profunda reflexión en este tema que, llegó, después de la campaña de discriminación y ataque que pagó el Gobierno de Estados Unidos a Televisa y lo cual generó la irritación del Gobierno Federal.
Expertos y partidos políticos como el PRI y el PAN han expresado su preocupación por el impacto del artículo en la libertad de expresión.
De hecho, ayer se anunció que el Senado de la República ha decidido aplazar la votación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida popularmente como “Ley Censura”, debido a la creciente presión de diversos sectores de la sociedad civil que temen represión a particulares y medios de comunicación.
Han señalado que se intenta imponer un control gubernamental sobre los contenidos que circulan en radio, televisión y plataformas digitales.
Organizaciones civiles y académicos han manifestado su rechazo, alertando sobre el impacto que tendría la ley en los derechos digitales y el pluralismo informativo
Por lo pronto, la senadora Guadalupe Chavira informó que se abrirá un proceso de consulta con representantes del sector, especialistas en telecomunicaciones y funcionarios del gobierno federal para mejorar la redacción del proyecto y evitar cualquier interpretación que implique censura.
Sería grave ver que, por una causa real, como es evitar ese tipo de promociones por parte de un gobierno extranjero, se quiera aprovechar el tema para empujar propuestas de censura.
