Un amplio debate causó la reforma judicial, y claro está que por la forma de su implementación, no abona a la democracia constitucional en términos del principio de división de poderes.
Pero, en términos de juzgarla en función de si se mejorará o no la justicia cotidiana de las personas justiciables, ¿podríamos tener ya un apunte objetivo?
Considero que algo fundamental para emitir una opinión robusta al respecto —sin tintes políticos— sería evaluar perfil por perfil qué juezas y jueces, magistradas y magistrados llegaron a cada posición; aunque habría que hacer una relación e identificar literalmente a cada uno, por materia, y por ámbito de competencia en cada distrito judicial del Estado o del país, para saber realmente cuál es el saldo.
Ya que, sin filias ni fobias, solo podremos tener un buen juicio con el tiempo, pues al juzgador se le califica a través de sus resoluciones, que estarán emitiendo a partir de octubre de este año quienes resultaron electos.
Entonces, mi enfoque hoy, estimado lector, es el siguiente:
Suponiendo sin conceder, que ese balance de la nueva estructura del Poder Judicial fuera positivo, es decir, que fuera mayor el porcentaje de juzgadores capaces y comprometidos con la justicia, si entramos por ejemplo en materia penal, ¿Podríamos pensar que se disminuirá la impunidad en México?
Está explorado en datos públicos y de organismos de la sociedad civil, que en este país el 99% de los delitos cometidos no se castiga, entonces: ¿Está completa la reforma judicial, y a partir de octubre empezarán a pagar quienes violen la ley?
Mientras no haya voluntad política para destinar una suma considerable de recursos públicos a la procuración de justicia y tener a las personas correctas ahí, podríamos tener a los mejores jueces penales del mundo y el porcentaje de impunidad no va a disminuir.
Dicho de otra manera, no es suficiente con “cambiar” de jueces (ojalá eso ayude), la verdadera razón de la desgraciada injusticia son las Fiscalías, porque los delincuentes saben que es ínfimo el riesgo que tienen al delinquir en México. El que mata, viola, secuestra, roba o extorsiona, delinque tranquilo sabedor de que es 99% seguro que la libre.
Las Fiscalías necesitan dejar de ser de adorno; deben contar con Ministerios Públicos de alto nivel, con sueldos proporcionales a su responsabilidad, son ellos los encargados de investigar y perseguir los delitos, pero el propio Estado no les da su lugar. No los dota de las herramientas necesarias para cumplir con su vital función: un capital humano capaz, policías investigadoras de gran nivel y sobre todo tecnología e inteligencia para dar seguimiento a cada denuncia o querella, y así poder integrar bien los expedientes. El Estado debe poder acusar bien, para darle elementos a los jueces…
Si no se habla de esto pronto, tan solo ese silencio sería prueba suficiente de que los críticos de la reforma tenían razón, y se trató nada más de un golpe político. Ojalá no sea así.
