La corrupción es uno de los “cánceres” que agobian a las instancias de gobierno. Durante décadas se han intentado múltiples fórmulas para combatirla, pero en vez de menguar, el problema se agrava.
Como ocurre con casi todos los delitos, el marco legal para castigar la corrupción es casi perfecto. Requiere ajustes menores, sí, pero no es ahí donde radica el fracaso.
El verdadero problema está en la falta de pericia para aplicar la ley o, peor aún, en la contaminación política que vicia el trabajo de persecución y castigo.
En 2015 se vendió la creación del Sistema Nacional Anticorrupción —y sus réplicas estatales— como un parteaguas histórico. Se habló de una nueva era de rendición de cuentas. Diez años después, el balance es desalentador.
Los casos impunes siguen llenando expedientes. En Tamaulipas, el ejemplo más sonoro es el del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de desviar miles de millones de pesos. Y ahí sigue, sin agobios, campante y protegido tras la frontera norte.
Este lunes, el Congreso del Estado fue sede del foro Avances y retos en la procuración de justicia y el combate a la corrupción. El protagonista central, fue Eduardo Govea Orozco, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Como es habitual, el discurso suena motivador: que ya se avanza, que hay voluntad, que se están haciendo bien las cosas. Pero la distancia entre el mensaje oficial y la realidad es abismal.
Govea y sus colaboradores expusieron con claridad las limitantes legales que enfrenta la Fiscalía. Entre ellas, la inmunidad procesal que —dijo— se ha vuelto refugio para la impunidad de funcionarios corruptos.
“La impunidad también se disfraza de inmunidad. Es hora de evolucionar”, sentenció ante los diputados de la Comisión Anticorrupción.
También planteó legislar para poder seguir la ruta del dinero, algo elemental si se quiere alcanzar no sólo al funcionario corrupto, sino también a sus cómplices: personas morales, particulares o empresas que lucran desde la sombra.
“No se trata sólo de cárcel, sino de recuperar lo robado”, dijo. Y tiene razón. Sin reparación del daño, no hay justicia.
Reconoció, además, el crecimiento en las denuncias ciudadanas, sobre todo contra elementos de seguridad pública. “Qué bueno que lo hagan”, expresó. Y anunció buzones de denuncia y más peritos en contabilidad forense.
El punto es que el discurso institucional sigue prometiendo lo que no entrega. Las fiscalías dicen estar listas para actuar, pero no actúan con contundencia.
La sociedad ya no quiere oír más promesas. No exige milagros, pero sí resultados concretos. Ya no quiere pretextos. Quiere justicia.
Y la justicia verdadera no se proclama en foros. Se construye en tribunales, con sentencias ejemplares, con dinero recuperado, y con servidores públicos —y sus socios— tras las rejas.
EL RESTO
NUEVO LAREDO CELEBRA CON ORGULLO…Y CON RUMBO.-Una vez más, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal demostró que el corazón de Nuevo Laredo late con fuerza cuando hay voluntad política para unir a la gente.
La celebración del 177 aniversario de la ciudad no solo fue una fiesta multitudinaria, sino también una muestra palpable de cómo el gobierno municipal ha logrado fortalecer el tejido social a través de eventos que promueven la identidad, el orgullo y la convivencia comunitaria.
Con visión, entrega y cercanía, la alcaldesa ha devuelto a las y los neolaredenses la confianza en su ciudad. El éxito del magno evento no es casualidad, sino resultado de una administración que sabe escuchar, gestionar y responder. Bajo su liderazgo, Nuevo Laredo no solo celebra su historia, sino también su presente vigoroso y un futuro prometedor.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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