Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El robo a escuelas podría ser castigado en Tamaulipas con penas de hasta 15 años de prisión, si prospera una iniciativa presentada por el diputado de Morena, Marcelo Abundiz Ramírez, quien urgió al Congreso local a actuar ante el creciente saqueo de planteles educativos.
La propuesta busca reformar el Código Penal del Estado para tipificar el robo a instituciones educativas como delito agravado, elevando las sanciones actuales y reconociendo el profundo daño social que representa atentar contra espacios escolares.
“Robar una escuela es robar el derecho a aprender. Es agredir el presente de nuestras comunidades y el futuro de Tamaulipas”, sentenció el legislador.
Actualmente, el artículo 407 ya contempla penas de 3 a 12 años de prisión por estos actos. Sin embargo, la iniciativa propone crear el artículo 407 Bis, que eleve el castigo de 5 a 15 años, además de multas económicas que podrían alcanzar hasta mil UMAS, según el valor de lo robado.
La iniciativa surge en medio de una ola de vandalismo y saqueos a planteles, que se intensifican durante vacaciones o fines de semana. Solo en Semana Santa, 11 escuelas fueron robadas en Tamaulipas, confirmó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García.
En Matamoros, la primaria “César López de Lara” fue asaltada dos veces en un mismo fin de semana. En Ciudad Victoria, la telesecundaria “Luis Puebla y Cuadra”, ubicada en el ejido Loma Alta, ha sido robada más de 80 veces, sin que exista una sola detención. Y en Altamira, la escuela “Mártires de la Revolución” ya suma al menos seis atracos.
De acuerdo con la Sociedad Estatal de Padres de Familia, el 35% de las más de 4,600 escuelas de nivel básico en Tamaulipas ha sufrido algún tipo de robo en los últimos años. La mayoría, sin consecuencias jurídicas ni reparación del daño.
La iniciativa subraya que el saqueo de escuelas va más allá de la pérdida económica: vulnera el derecho humano a la educación, genera deserción escolar y deja a niñas, niños y adolescentes en condiciones cada vez más adversas para aprender.
“Una escuela saqueada es una generación herida. Y ante eso, el Estado no puede permanecer inmóvil”, afirmó Abundiz.
La propuesta también se alinea con el Objetivo 4 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Para ello, dijo el diputado, se necesita algo fundamental: infraestructura segura y protegida
