La situación migratoria en Estados Unidos ha alcanzado niveles críticos durante el mes de junio de 2025. Las cifras oficiales y las recientes acciones gubernamentales reflejan una escalada sin precedentes en la política de detención y deportación de migrantes, generando alarma tanto en comunidades migrantes como en organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha reportado la detención de aproximadamente 59,000 migrantes en sus instalaciones a lo largo del país solo en el mes de junio. Esto equivale a un promedio de 1,200 arrestos diarios, casi duplicando el ritmo registrado durante los primeros 100 días de la actual administración Trump, cuando el promedio era de 660 arrestos diarios. El nivel de ocupación en los centros de detención ha superado el 140% de su capacidad, rebasando incluso el pico alcanzado en 2019, cuando se detuvieron a 55,000 personas bajo custodia migratoria.
De los detenidos, al menos el 47% no cuenta con antecedentes penales y menos del 30% han sido condenados por algún tipo de delito, lo que evidencia que la mayoría de los arrestos corresponden a personas sin historial criminal.
Lo más grave de estas redadas, lo representa qué de los aproximadamente 59,000 arrestos de migrantes reportados en junio de 2025, un porcentaje significativo corresponde a mujeres y niños, lo que ha generado una grave crisis de separación familiar. Diversas fuentes señalan que las redadas han apuntado especialmente a madres de familia, con detenciones incluso frente a sus hijos, lo que ha provocado escenas de separación traumática y angustia en las comunidades migrantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha puesto bajo custodia gubernamental a unos 500 niños tras controles de bienestar realizados en hogares de migrantes, muchos de ellos separados de sus padres o familiares detenidos en estas redadas masivas. Esto refleja un aumento sin precedentes en la detención de menores dentro del sistema migratorio, que se suma a los más de 2,500 niños ya bajo custodia federal.
Muchas de las mujeres detenidas son cabezas de familia sin antecedentes penales, lo que indica que la campaña migratoria no solo persigue a criminales, sino que afecta a familias vulnerables y a personas que buscan estabilidad para sus hijos. El impacto de estas separaciones contribuye a la creación de “Familias Rotas”, donde la detención y deportación de uno o ambos padres deja a los niños en condiciones de vulnerabilidad, con riesgos de abandono, trauma emocional y dificultades para acceder a servicios básicos.
En respuesta al hacinamiento y como parte de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Trump, el gobierno de Florida ha iniciado la construcción de un nuevo centro de detención temporal para inmigrantes en el corazón de los Everglades, una extensa zona de humedales al oeste de Miami. Bautizado por el fiscal general James Uthmeier como “Alligator Alcatraz”, el nombre hace referencia tanto a la famosa prisión de San Francisco como a la fauna local, en un intento de subrayar la dureza y aislamiento del lugar.
La instalación se ubicará en un antiguo aeropuerto prácticamente abandonado, rodeado de la Reserva Nacional Big Cypress, un área protegida donde abundan caimanes y serpientes. Las autoridades estatales han destacado que la ubicación remota y las condiciones naturales servirán como barrera adicional para evitar fugas. El centro contará inicialmente con entre 500 y 1,000 camas, con planes de ampliación hasta 5,000 a principios de julio. El costo operativo anual se estima en 450 millones de dólares, con un gasto diario de 245 dólares por cama. Florida espera obtener reembolsos parciales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La Guardia Nacional de Florida jugará un papel clave en la operación de este centro, y el estado ha firmado acuerdos con más de 200 cuerpos de policía locales para colaborar en la detención y traslado de migrantes.
La política migratoria actual ha derivado en redadas masivas en grandes ciudades y estados santuario como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Filadelfia. La movilización de la Guardia Nacional y el establecimiento de zonas militares en la frontera sur, especialmente en Arizona y Texas, han contribuido a la militarización de la línea fronteriza con México, intensificando la presión sobre las comunidades migrantes y generando protestas en todo el país.
Las medidas adoptadas han provocado una ola de protestas y denuncias sobre condiciones inhumanas en los centros de detención, incluyendo el hacinamiento y la falta de acceso a servicios básicos. Organizaciones civiles y activistas han advertido sobre el impacto negativo de estas políticas en los derechos humanos y la integridad de los migrantes, mientras que el gobierno federal y estatal defienden las acciones como necesarias para “resolver de una vez por todas el problema de la inmigración ilegal”.
La crisis migratoria en Estados Unidos se ha agravado notablemente en junio de 2025, marcada por un aumento drástico en los arrestos, la construcción de nuevos centros de detención en zonas remotas y la creciente militarización de la frontera. El centro “Alligator Alcatraz” simboliza la nueva etapa de endurecimiento en la política migratoria estadounidense, en medio de un clima de tensión social y preocupación internacional.
