Ciudad de México. El pleno del Senado aprobó, sin cambio alguno, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pretende reforzar los lineamientos creados desde 2009 para que la seguridad pública sea una responsabilidad de Estado, con la participación de la sociedad, los tres órdenes de gobierno y policías con mejor formación y acreditación.
Esta vez, la nueva ley contó con el voto en favor de Movimiento Ciudadano y dividió al PAN, tres senadores albiazules votaron en contra: Marko Cortés, Lilly Téllez y Laura Esquivel; el PRI fue el único grupo parlamentario que en su totalidad votó en contra.
Desde el año 2009, con la creación de la primera Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se diseñó el sistema de coordinación entre los tres niveles de gobierno a partir del Consejo Nacional de Seguridad Pública y su Secretariado Ejecutivo, que se mantendrá a partir de esta nueva ley, pero con nuevas facultades, como el condicionar la entrega de presupuesto federal de estados y municipios a los resultados que tengan en materia de seguridad, ya sin limitarlo a causales especificadas en la propia ley, como establece la actual.
El artículo 118 ordena que “cuando, como resultado de las visitas de verificación o revisión de gabinete, se detecte un incumplimiento, el Secretariado Ejecutivo podrá decretar la suspensión de las ministraciones subsecuente, y deberá dar vista a la Auditoría Superior de la Federación sobre cualquier irregularidad detectada.
Dicha suspensión permanecerá vigente hasta que la instancia afectada aclare o subsane la acción u omisión que originó el incumplimiento, dentro del plazo establecido por el Secretariado Ejecutivo. Vencido el plazo correspondiente, sin que se haya subsanado el incumplimiento que motivó la suspensión, el Secretariado Ejecutivo podrá someter a la consideración del Consejo Nacional la cancelación del recurso y, en su caso, su restitución.
Para emitir una resolución de cancelación, el Consejo Nacional deberá garantizar el derecho de audiencia de la parte afectada. Sus resoluciones deberán estar fundadas y motivadas y serán definitivas e inatacables. Estas resoluciones deberán indicar si la cancelación es por un período u objeto determinado, o bien, si comprende la totalidad de las ministraciones, en cuyo caso, de resultar procedente, deberán contener un pronunciamiento sobre su restitución”, dispone.
La nueva ley dice que se distribuirán “entre los tres órdenes de gobierno competencias específicas para el ejercicio de la función concurrente de la seguridad pública, a fin de que se coordinen de manera eficiente, transparente y responsable”.
Le da sustento a las Mesas para la Paz, que existen desde el año 2019 y que estarán integradas por los gobernadores, la Secretaría de Seguridad Pública u homóloga; la Secretaría de Gobierno u homóloga; la Fiscalía u homóloga; la policía de investigación u homóloga; las representaciones de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional en la región y, en su caso, de la zona naval.
También por la estación estatal del Centro Nacional de Inteligencia; los Centros de Comando y Control; la delegación de los programas de bienestar del gobierno federal en la entidad federativa, y la representación de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, quien fungirá como la secretaría técnica. El Poder Judicial de la entidad federativa será invitado permanente.
La nueva ley fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su consecuente entrada en vigor.
