Ciudad de México.- La creación de la CURP biométrica obligatoria provoca una concentración desproporcionada de datos en la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población, advirtió Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Eso, de entrada, es contrario a las prácticas democráticas internacionales, que evitan la concentración de poder sobre datos personales,” señaló el especialista en entrevista para la primera emisión de Imagen Radio, ya que el Ejecutivo no sólo se convierte en “el ente con acceso irrestricto a los datos, sino, también, en el encargado de su protección”, luego de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Villanueva subrayó que esta concentración va en contra prácticas democráticas internacionales y que puede facilitar formas de vigilancia en tiempo real, incluyendo a menores y adolescentes. “Esto no es compatible con los estándares democráticos internacionales ni con el derecho convencional, es decir, con los tratados que México ha firmado”, indicó.
Por ello, criticó que el uso del documento sea obligatorio para acceder a bienes y servicios.
La fe no puede sustituir al mandato legal, debemos tomar previsiones jurídicas, y aquí no se están tomando,” declaró.
