Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los institutos ni organismo público descentralizado (OPD), van ha desaparecer de los organigramas de Gobierno, pero sí el rango de direcciones y con ello, las percepciones para quienes ocupaban este nivel, precisó el diputado Adrián Cruz Martínez, Presidente de la Diputación Permanente.
Dijo que en la reforma a la Ley de Entidades Paraestatales no contempla la desaparición de ningún instituto, como se interpretó hacia el exterior de esta acción legislativa.
Cruz Martínez explicó que la modificación aprobada tiene como objetivo principal hacer más eficiente el ejercicio del gasto público y establecer criterios más justos y proporcionales en las remuneraciones de quienes encabezan estos organismos.
El legislador detalló que, antes de la reforma, todos los titulares de los OPD ostentaban automáticamente el rango de Directores Generales. Esto implicaba que sus percepciones salariales eran idénticas, sin considerar el tamaño, las funciones o las responsabilidades específicas de cada organismo a su cargo.
“A partir de la modificación, el rango jerárquico del titular de un OPD será determinado por el titular de la Secretaría a la cual se encuentre adscrito el organismo, en acuerdo con el Gobernador del Estado, pudiendo asignarse como Director General o Director de Área, según corresponda”, precisó Cruz Martínez.
Enfatizó que este cambio no afecta la existencia legal de los organismos, ni su operación, objetivos o presupuesto operativo. Simplemente corrige un criterio generalizado que no distinguía entre la complejidad y relevancia de cada entidad, permitiendo ahora que el nivel jerárquico y el sueldo del titular se ajusten a esa realidad administrativa.
Cruz Martínez subrayó que, para que un OPD sea eliminado, sería necesario derogar formalmente el decreto de su creación o las disposiciones legales que lo rigen, un escenario que “no ha ocurrido ni está contemplado”.
El Diputado concluyó que esta reforma fortalece el uso responsable de los recursos públicos, fomenta la proporcionalidad entre responsabilidad y remuneración, y garantiza que el dinero del pueblo se utilice con eficiencia y justicia.
“El Congreso del Estado reitera su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta información hacia la ciudadanía”, finalizó.
