Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con 27 votos a favor, cinco abstenciones, y sin mover una coma, el Congreso del Estado aprobó hoy un dictamen que autoriza al Gobierno de Tamaulipas contratar un financiamiento por hasta mil millones de pesos en el mercado bursátil, con el objetivo de impulsar proyectos de inversión pública productiva.
Podrá solicitar hasta mil millones de pesos en obras que se especifican en el dictamen.
La iniciativa fue promovida por el gobernador Américo Villarreal Anaya y avalada por el pleno del Congreso tan solo 24 horas después de haber sido dictaminada y hoy aprobada en una sesión extraordinaria.
El financiamiento podrá ser ejercido en los ejercicios fiscales 2025 y 2026 y tendrá un plazo de hasta 25 años para su pago, además de un periodo de gracia de hasta 36 meses.
El decreto establece que los recursos obtenidos deberán destinarse a proyectos como la construcción, rehabilitación o adquisición de bienes de dominio público, equipo médico, vehículos de transporte público, maquinaria, inmuebles y obras de infraestructura. Estas inversiones estarán alineadas con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 y con la Agenda 2030 de la ONU, bajo el enfoque de un Marco de Financiamiento Sostenible.
Para garantizar el pago de la deuda, se autoriza la afectación del 2.31% de las participaciones federales que le corresponden al Estado, excluyendo las de los municipios. Dichos recursos serán administrados a través de un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago.
Durante la discusión del dictamen, se resaltó que Tamaulipas se encuentra en semáforo verde en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda, lo que indica que su nivel de endeudamiento es sostenible. Asimismo, se argumentó que la contratación del crédito no afectará la estabilidad financiera del estado, según los análisis técnicos realizados por la Secretaría de Finanzas y el Centro de Estudios de las Finanzas del Congreso.
Los proyectos que se financiarán estarán sujetos a un riguroso proceso de evaluación, validación y seguimiento por parte de la Oficina del Gobernador, la Secretaría de Finanzas y el Consejo Estatal de la Agenda 2030, a fin de asegurar que cumplan con criterios de rentabilidad social, equidad, inclusión y sostenibilidad ambiental.
