Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El exsecretario de Bienestar Social en el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, Rómulo “N”, fue vinculado a proceso por segunda ocasión, ahora por presuntas irregularidades en la compra de 2.6 millones de despensas, con un valor de 650 millones de pesos, mediante adjudicación directa.
La nueva resolución fue dictada este martes 16 de julio por un Juez de Control de Ciudad Victoria, quien además ordenó prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el juicio y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que concluye el próximo 16 de octubre.
A Rómulo “N” se le imputan los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Desempeño Indebido de Funciones Judiciales o Administrativas, por su papel en la aprobación y contratación directa del programa “Bienestar Alimenticio” en 2021.
Esta es la segunda causa penal abierta contra el exfuncionario. El primer proceso comenzó en enero de este año, cuando también fue vinculado por su participación en la compra de 475 mil despensas por 125 millones de pesos a la empresa Lácteos de Tamaulipas S.A. de C.V. en octubre de 2020.
En esa audiencia, la Jueza de Control Martha Patricia Rodríguez Salinas consideró que existían pruebas suficientes para acreditar una participación dolosa en la adjudicación directa del contrato, que no cumplía con los criterios legales de licitación. Entre las pruebas, se presentaron oficios firmados por el propio Rómulo, transferencias bancarias y cheques emitidos por la Secretaría de Finanzas, así como documentos del Comité de Compras.
En ambas causas, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción sostiene que los contratos se realizaron sin justificación legal, por montos que debieron haberse licitado, y con presunto daño al erario estatal.
Hasta ahora, el exfuncionario ha sido defendido por abogados de oficio, y permanece recluido en el penal de Ciudad Victoria desde enero.
La Fiscalía ha anunciado que continuará integrando pruebas, incluyendo testimonios de personal de las secretarías de Bienestar y Administración, además de posibles nuevas responsabilidades para otros exfuncionarios implicados en las adjudicaciones.
