Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En un movimiento legislativo que toca uno de los pilares históricos del derecho civil mexicano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas propuso una reforma de fondo al modelo tradicional de crianza, eliminando la figura de “patria potestad” del Código Civil del Estado y sustituyéndola por el concepto de responsabilidad parental, alineado con estándares internacionales de protección a la infancia.
Busca sustituirla por responsabilidad parental
La iniciativa, presentada por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, busca no sólo actualizar el lenguaje jurídico, sino romper con una visión patriarcal del ejercicio de la autoridad sobre los hijos, al establecer un marco de corresponsabilidad entre madres y padres con base en los derechos humanos.
“La patria potestad responde a un modelo de poder sobre los menores que ya no tiene cabida en el derecho moderno. Hablamos de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, no como propiedad de los adultos”, explicó la legisladora priista, al advertir que el modelo vigente aún arrastra nociones del derecho romano, donde el padre tenía control absoluto sobre la vida de sus descendientes.
La propuesta plantea adicionar un Título Séptimo al Código Civil, en el que se define la responsabilidad parental como un conjunto de deberes compartidos entre ambos progenitores: desde la manutención, educación y guía emocional, hasta la toma de decisiones fundamentales, siempre con base en el interés superior de la niñez y su autonomía progresiva.
Con esta reforma, el PRI en el Congreso local retoma la bandera de los derechos de la infancia, en un contexto político donde otros partidos han privilegiado discursos tradicionales sobre “la familia” o han evitado tocar el marco civil por el costo político que implica. La propuesta coloca al tricolor en una ruta de modernización institucional, bajo un enfoque jurídico y no religioso.
“Estamos armonizando la legislación estatal con la Constitución, con la Convención de los Derechos del Niño y con los criterios de la Suprema Corte de Justicia. No es una ocurrencia ni una postura ideológica. Es una exigencia de los tiempos”, señaló Guillén Vicente.
Uno de los ejes más novedosos de la propuesta es la introducción del “plan de parentalidad”, un documento obligatorio en casos de separación o custodia, que deberá presentarse ante el juez con acuerdos claros sobre convivencia, corresponsabilidades, fechas clave y canales de comunicación con ambos padres.
La iniciativa también regula el uso del patrimonio de los menores, al exigir que madres y padres rindan cuentas por el manejo de los bienes de sus hijas e hijos, y se abstengan de disponer de ellos para beneficio personal sin autorización judicial.
Además, se establece que la responsabilidad parental podrá suspenderse o perderse en casos de abandono, violencia, delitos dolosos o entrega irregular en adopción, siempre con base en el interés superior del menor.
El PRI busca así dejar atrás una figura jurídica anacrónica y con carga simbólica autoritaria, para transitar hacia un modelo más equitativo, democrático y centrado en los derechos de la niñez. La propuesta ya fue turnada a comisiones para su análisis, y se espera que abra un debate que no será menor: el rediseño legal de la crianza en Tamaulipas.
