Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En lo que representa un serio revés para el Fiscal Anticorrupción Jesús Eduardo Govea Orozco, la justicia federal concedió la suspensión definitiva al ex alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, contra la medida cautelar de prisión preventiva que había sido dictada en su contra.
Jueza federal desactiva medida cautelar impulsada por la Fiscalía Anticorrupción pero el proceso continúa.
La resolución fue emitida por la jueza Judith Alhelí Andrade Villafán, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, tras analizar el expediente CP/0038/2023 que dio origen a la medida privativa de libertad dictada el pasado 13 de julio.
Cabe señalar que la resolución judicial no exime a Rivas Cuéllar de enfrentar el proceso, pero sí evita que sea detenido preventivamente, poniendo en entredicho el criterio con el que se está aplicando la justicia anticorrupción en Tamaulipas.
Según el fallo, la suspensión impide que se ejecute la resolución del Juez de Control que buscaba sujetar a Rivas Cuéllar a proceso con prisión preventiva, en un caso que el PAN ha calificado como una persecución con tintes políticos y revanchismo institucional.
Para el ex presidente municipal, la medida representa una defensa no sólo legal, sino también simbólica: las cuentas públicas de su administración fueron aprobadas por los órganos fiscalizadores, y aun así, la Fiscalía Anticorrupción decidió reabrir el caso y solicitar medidas que el juzgado federal ahora califica de improcedentes.
Desde la dirigencia estatal del PAN se señaló que este caso confirma el uso discrecional de la justicia por parte de quienes, desde el poder, buscan saldar cuentas políticas a través de denuncias penales. “La ley no puede ser utilizada como un instrumento de revancha, ni puede convertirse en un arma para castigar trayectorias políticas”, señalaron.
Asimismo, Acción Nacional exhortó a los tres niveles de gobierno a concentrar los recursos institucionales en resolver los problemas reales de la ciudadanía y no en alimentar expedientes sin sustento que, como se ha demostrado, terminan desmoronándose en tribunales.
El 13 de julio la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción confirmó que la acusación contra Rivas es de ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades, tras autorizar en 2020, durante su gestión como alcalde, la compra de un predio a sobreprecio, lo que generó un daño al erario público estimado entre 55 y 60 millones de pesos.
Rivas Cuéllar enfrenta la posibilidad de ser condenado hasta por 18 años de prisión, en uno de los procesos por corrupción municipal más emblemáticos del estado.
El terreno fue adquirido en junio de 2020 —en plena pandemia— y estaba registrado a nombre de la empresa Inmuebles Grand Boulevard, cuyo representante legal era Rafael Pedraza Domínguez, suplente de Rivas Cuéllar durante su primer periodo como alcalde. El evidente conflicto de interés es uno de los elementos clave en la acusación.
