Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emplazó formalmente a las familias que han edificado viviendas y patios dentro del cauce del río San Marcos, al considerar que se trata de una ocupación irregular y un riesgo latente para la seguridad de sus habitantes.
Les da cinco días para demostrar la propiedad del terreno o procederá al desalojo y demolición. Hay casas al borde del vado.
La dependencia colocó sellos de clausura en varios predios situados a la orilla del afluente y notificó a sus ocupantes que tienen cinco días hábiles para acreditar, de forma legal, la propiedad del terreno. De no hacerlo, el proceso avanzará hacia el desalojo forzoso y la demolición de las construcciones.
“Desafortunadamente, se trata de construcciones levantadas dentro del cauce del río y, posiblemente, en zona federal. Es un riesgo que no podemos seguir permitiendo”, afirmó Jaime Gudiño Zárate, titular de la Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA.
Hasta el momento, se han emitido 21 notificaciones, y quedan seis más pendientes, según confirmó el funcionario.
El procedimiento, detalló, comienza con una visita de inspección y la notificación directa al ocupante. A partir de ahí, tiene cinco días para presentar documentos oficiales que acrediten la propiedad. Luego, hay un plazo adicional de 15 días para evaluar, dirimir y resolver jurídicamente cada caso.
Sin embargo, Gudiño Zárate admitió que en los primeros acercamientos, la mayoría de los habitantes no ha logrado comprobar la legalidad del predio.
“Muchos presentan simples cartas poder o cesiones entre particulares, pero no documentos válidos que acrediten propiedad”, reveló.
Además de viviendas dentro del cauce, el personal de la CONAGUA ha detectado casas construidas incluso al pie del vado, así como ampliaciones traseras que invaden el río.
“Se permitió lo que no se debía permitir. Ahora debemos corregir. Y si no se comprueba la propiedad, el procedimiento concluye con el uso de maquinaria para el derrumbe de las construcciones”, advirtió el funcionario.
CONAGUA reiteró que la ocupación del cauce representa un riesgo grave en caso de avenida o crecida del río, por lo que se mantiene firme en el proceso de ordenamiento y restitución del afluente.
