Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Tamaulipas propuso que las cámaras empresariales y asociaciones civiles sean reconocidas como víctimas en casos de extorsión, con facultades para denunciar, intervenir en el proceso penal y garantizar el anonimato de los afectados.
La propuesta fue presentada este lunes ante la Diputación Permanente, con el fin de que el Congreso local emita un Punto de Acuerdo y lo lleve ante el Congreso de la Unión para reformar la Constitución federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
El objetivo central: ampliar el concepto de víctima para incluir a las organizaciones que representan a personas y empresas afectadas por la extorsión. Esto les permitiría participar formalmente en procesos penales, reforzar la reserva de identidad de los agraviados y prevenir represalias.
Los legisladores panistas argumentaron que la extorsión es uno de los delitos con mayor impacto económico y social. Según el INEGI, en 2023 se registraron 747 mil casos en el país, lo que equivale a 1,562 incidentes por cada 100 mil unidades económicas. En Tamaulipas, el “cobro de piso” ha golpeado directamente a comerciantes, prestadores de servicios y pequeñas empresas.
La iniciativa subraya que las amenazas, daños y violencia ejercidas por grupos criminales afectan no solo el patrimonio de las víctimas directas, sino también bienes colectivos como la seguridad, la paz pública y el acceso a la justicia.
Entre las reformas planteadas se encuentra la modificación del artículo 20 constitucional para que los jueces puedan autorizar el resguardo de identidad en casos de extorsión y delincuencia organizada. También propone cambiar el artículo 6 de la Ley General de Víctimas para que las cámaras y asociaciones con objeto social en prevención del delito puedan ejercer derechos y acciones legales en nombre de sus agremiados.
En paralelo, se busca adecuar el Código Nacional de Procedimientos Penales para unificar criterios sobre el reconocimiento de víctimas, y reformar la Ley de Cámaras Empresariales para permitirles presentar denuncias y actuar en defensa de sus afiliados.
El planteamiento asegura que una participación activa de la sociedad civil organizada puede convertirse en un contrapeso frente a autoridades ministeriales y de seguridad, ayudando a combatir la impunidad. También advierte que mantener al Ministerio Público como único representante social limita la acción de los afectados y abre espacio a la discrecionalidad en la procuración de justicia.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis. Los legisladores del PAN destacaron que el tema tiene alcance nacional y podría integrarse a la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno Federal.
