Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas, despojar ilegalmente un terreno, una vivienda o incluso aguas podría costar hasta siete años de cárcel. Una iniciativa presentada ante la Diputación Permanente plantea elevar las penas actuales y aplicar sanciones más severas cuando el delito afecte a personas en situación vulnerable o se cometa con violencia y abuso de poder.
La propuesta, impulsada por la diputada local Judith Katalyna Méndez Cepeda, busca reformar el Código Penal del Estado para cerrar vacíos legales y responder con mayor firmeza a un ilícito que, según advirtió, genera daños sociales, económicos y culturales de gran alcance. Entre los cambios se encuentra la modificación al artículo 428 para fijar un rango de prisión de tres a siete años, así como el incremento de las multas, que pasarían de un tope de 70 a un máximo de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La iniciativa también adiciona once agravantes al artículo 431, entre ellas: si la víctima es mayor de 60 años o tiene discapacidad; cuando se utilicen documentos falsos; si participan servidores públicos; si el hecho ocurre en terrenos ejidales, áreas naturales protegidas o bienes patrimoniales del Estado; y cuando se repita el delito. Igualmente, contempla sanciones más duras para quienes simulen actos de autoridad, obstaculicen un servicio público o invadan terrenos agrícolas y ganaderos con fines de asentamiento humano.
Méndez Cepeda puso como ejemplo la reciente invasión de predios en Tampico denunciada por vecinos en redes sociales, señalando la ausencia de mecanismos efectivos para la restitución inmediata de la propiedad. Recordó que entidades como Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo ya han adoptado reformas similares y urgió a Tamaulipas a fortalecer su marco legal para frenar este tipo de conductas.
